Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Carlos Maqueda coincidieron en declarar la constitucionalidad de la Ley de Medios y argumentaron que su estudio en relación a los derechos que establece la Constitución nacional es ajeno a los conflictos posteriores que pueda implicar la aplicación de la norma.

Es "legítima una ley que fije límites generales a priori porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración del mercado", argumentó la Corte.

Derecho de propiedad

Uno de los argumentos más destacables es la protección de los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización. Este punto, se resolverá en la etapa de aplicación de la ley.

Los jueces afirmaron, además, que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que el Afsca debe ser independiente y que la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.

Derecho a la libertad de expresión

Los jueces establecieron que el derecho a la libertad de expresión no se encuentra afectado, ya que no ha sido acreditado que el desprendimiento de las licencias ponga en riesgo la estabilidad económica del grupo.

Y en esta misma línea, se evaluó que la "sustentabilidad" no puede ser equiparada a "rentabilidad", y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria.

Los jueces argumentaron que "hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno", agregaron los magistrados según consignó Infobae.

Además, se consideró que la regulación que se busca con la implementación de la nueva ley es aceptada y aplicada en distintos países. Y para justificarlo, citaron antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fallos nacionales e internacionales.