El Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados se alzó con 129 votos positivos y logró la media sanción al proyecto de responsabilidad del Estado impulsado por la Casa Rosada, al cabo de una discusión que duró más de ocho horas.

El oficialismo no tuvo inconvenientes en iniciar la sesión especial a las 13.57, con la presencia de 131 legisladores propios y aliados, esto es, dos más del quórum que habilita el proceso de deliberaciones.

El proyecto oficial fue rechazado por el arco opositor, que reunió 105 votos en contra y denunció que la propuesta busca "proteger" a los funcionarios del Ejecutivo. Esta es la postura que tomaron la UCR, el massismo, el PJ disidente, el Pro, el FAP, Unidad Popular, Proyecto Sur y un puñado de monobloques, indicó Parlamentario.com.

El debate

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, encabezó la defensa al proyecto. "Estamos protegiendo al Estado representante del bien común, del interés general, de la ambición de la patria pleitera que tanto a agraviado a esta Nación", afirmó enérgica, en alusión a lo que comúnmente se conoce como "industria" de las denuncias contra el Estado.

Asimismo destacó que "se trata de llenar un vacío normativo, abordando por primera vez en la historia legislativa una ley que regula la responsabilidad patrimonial del Estado no solo por los daños que produzca por los frutos de su actividad legítima", sino también cuando por una "actividad ilícita, produzca un daño que el ciudadano no tiene porqué soportar".

Sobre este mismo punto, el vicepresidente del Frente para la Victoria, Pablo Kosiner, sostuvo: "Lo importante de esta ley: sociabiliza el conocimiento, democratiza la Justicia, clarifica el mismo criterio de conocimiento sobre cuál es la norma que rige la responsabilidad del Estado".

En cambio, el pleno de la oposición coincidió que la iniciativa busca "proteger" a los funcionarios del Ejecutivo de, precisamente, sus "irresponsabilidades". "Es una ley de autoamnistía", advirtieron Elisa Carrió y "Pino" Solanas, del frente porteño Unen.

A lo largo de toda la sesión la tropa kirchnerista apuntó contra los juicios contra el Estado. "El Estado debe ser protegido de los abusos de los grupos poderosos y de quienes lucran indebidamente con la maquinaria de juicios contra el Estado", consideró Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), mientras que Andrea García (FpV) criticó a quienes quieren "otorgarle una responsabilidad infinita" al Estado.

En la que sería su última sesión como diputado, Ricardo Gil Lavedra resumió la postura del radicalismo y aseguró que la iniciativa "no es defensora de los derechos humanos" y "consagra una desigualdad jurídica irritante" al romper con el principio de la "igualdad ante la ley".

"No es posible establecer una discriminación de carácter odiosa frente a si el damnificado es el Estado o el ciudadano; esta concepción es absolutamente incompatible con las convenciones que firmó Argentina en materia de derechos humanos", agregó.

Responsabilidad del Estado

El polémico proyecto obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la sola firma del Frente para la Victoria y bloques aliados, remarcó Parlamentario.com.

Una de las críticas principales de la oposición recae en que la regulación haya sido excluida del proyecto de Código Civil y Comercial, bajo el argumento oficial de que corresponde al ámbito del derecho administrativo.

En este sentido, la UCR, el FAP, el Frente Renovador y el Pro advirtieron que el ciudadano vería limitado su derecho de demandar al Estado por la vía administrativa. El oficialismo, en cambio, asegura que recoge una vasta jurisprudencia para derivar los casos a este fuero.

En rigor, el proyecto del nuevo Código redactado por los juristas contemplaba la responsabilidad del Estado en los artículos 164, 165 y 166, pero el kirchnerismo decidió apartarlos de su propuesta para sancionarlos con una ley especial.

El proyecto de responsabilidad del Estado establece en su artículo primero que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria" y agrega que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios".

Además, estipula que el particular tendrá un plazo de tres años para demandar al Estado "en los supuestos de responsabilidad extracontractual", mientras que la posibilidad de demandar a funcionarios y agentes públicos prescribiría a los dos años.

El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió modificaciones por iniciativa de los diputados oficialistas Héctor Recalde y Mario Pais. Gracias a una de ellas se incorporó un artículo aparte para agregar la responsabilidad del Estado en su carácter de empleador.