Las prepagas ya negocian con el Gobierno una suba en sus cuotas y reclaman que el aumento sea 16,5 por ciento.

Si bien el pedido que el sector estaba tramitando ante la Superintendencia de Servicios de Salud era por un incremento de 11% en los precios de los planes de salud a partir de este mes, ahora se eleva 5,5 puntos más porque en agosto las empresas habían pedido aumentar 15% y se les permitió aplicar un ajuste de 9,5%. La empresas de medicina privada plantean que deben recuperar esa diferencia para compensar el alza de los costos.

Según sostienen, los recursos serán volcados a mejorar los aranceles que les pagan a las clínicas y a otras entidades prestadoras de servicios de salud. La pretensión de subir a partir de este mes responde a que las clínicas deben otorgar el último tramo de mejora salarial para sus empleados, de 26% para todo este año -15% en agosto y 11% ahora-, según el acuerdo firmado con el sindicato de la sanidad.

Esta vez, la novedad está dada por el cambio de interlocutor del lado del Gobierno. Sorprendió a los directivos del sector, tanto de las prepagas como de las clínicas y centros de diagnóstico privados, la llamada telefónica que recibieron el martes pasado cerca de las nueve de la noche. Faltaban pocas horas para que se iniciara una medida de protesta que habían dispuesto los propios empresarios: estaba previsto que no se atendería -salvo en casos de urgencia- a los afiliados a prepagas ni el miércoles ni el jueves de la semana pasada.

La llamada nocturna venía de la Jefatura de Gabinete, y el motivo era convocarlos a una reunión para el viernes por la tarde con Jorge Capitanich, informó el diario La Nación.

Entonces, se decidió la suspensión de la medida de fuerza que se había anunciado una semana antes, aunque en algunos lugares los pacientes se vieron igualmente perjudicados, porque a esa hora ya se les había avisado sobre la cancelación de turnos.

En línea con el carácter protagónico de su gestión, Jorge Capitanich dejó en claro, durante el encuentro en Casa de Gobierno, que él mismo será quien se ocupe del tema, y pidió unos días para dar una respuesta. "No tiró ni una punta", resumió uno de los asistentes consultados por el matutino, respecto de cuál podría ser el porcentaje autorizado. Ahora se espera que haya una nueva reunión hacia fines de esta semana.

El rol activo del jefe de Gabinete pasa por alto el hecho de que la ley de prepagas, impulsada por el propio Gobierno, dispone un mecanismo diferente para las subas de cuotas. Las entidades, según la reglamentación de la ley que las regula, deben cursar su pedido y justificarlo ante la Superintendencia, que dirige la santacruceña Liliana Korenfeld, quien el viernes estuvo en la reunión con Juan Manzur, ministro de Salud.

Pero además, quien debe analizar la estructura y el aumento de los costos para emitir un dictamen vinculante sobre las cuotas, es el secretario de Comercio Interior. En la práctica, el ex jefe de esa dependencia, Guillermo Moreno, se ocupaba del trámite desde mucho antes de que la ley le diera formalmente la facultad al cargo que ejercía. En un gobierno con más tendencia a los personalismos que al apego a las atribuciones formales, ahora parece ocurrir lo contrario: el nuevo secretario del área, Augusto Costa, no participó de la reunión entre las prepagas y el jefe de Gabinete.

En la reunión con Capitanich estuvieron presentes Jorge Aufiero, de Cimara (grandes prepagas); Hugo Magonza, de Acami (entidades sin fines de lucro); Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; Néstor Gallardo, de la asociación de prepagas Ademp; Jorge Iapichino, de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal; Darío Durand, de Cempra (entidades del interior), y Jorge Cherro, de Adecra (clínicas, sanatorios y hospitales privados).