El 2013 se despide con un saldo negativo para los bolsillos, si se compara la evolución promedio de los salarios y la inflación estimada por centros de estudios privados.

Todo indica que en 2014 se correrá con igual suerte. Las demandas salariales, según se proyecta, rondarían el 30% y algunas empresas se preparan para dar subas de entre 25 y 26%, tras un proceso de negociaciones que imaginan con un mayor grado de conflictividad que en los períodos previos.

En un fin de año complicado en varios frentes, el mensaje que trata de dar el Gobierno para calmar los ánimos de un sindicalismo políticamente fragmentado -aunque sin fisuras en cuanto a ignorar los datos de inflación de un Indec desacreditado- parece chocar con varias consecuencias de las propias políticas oficiales.

En una estrategia con la que se insiste pese a haber ya fracasado, se busca frenar la inflación con un acuerdo de precios que se anunció sin precisiones varios días antes de entrar en vigor, dando lugar a subas anticipadas.

Los conflictos con las fuerzas de seguridad que varias provincias permitieron que avanzaran se cerraron con fuertes subas salariales que, más allá de responder a la existencia de retrasos importantes, tendrían su impacto en las negociaciones, por lo menos en el sector público.

Para ensombrecer más aún el ambiente, los cortes de luz reavivan el debate sobre la necesidad de ajustar las tarifas de servicios públicos, retrasadas y con un esquema de subsidios que llegan a gran parte de la población de ingresos medios y altos, y que alentaron la inflación al incrementar el gasto público sin contraparte de mayor eficiencia.

Mientras que 2013 cerraría con una inflación de entre 28 y 29% -el índice de consultoras privadas que difunden legisladores de la oposición acumula 26,8% entre enero y noviembre, y la medición de la provincia de San Luis da para ese período 27,8%-, para 2014 los pronósticos ubican al índice en un nivel similar, aunque acelerándose: 28,1% para abeceb.com, 28% para Iaraf y 29,5% para FIEL, por ejemplo.

Entretanto y según datos del sistema jubilatorio nacional consignados por La Nación, la variación de la remuneración neta promedio del sector privado entre el tercer trimestre de 2012 e igual período de este año resultó de 25,8 por ciento.

Para 2014, "el aumento del costo de vida que tienen en sus presupuestos las empresas es de 26%, pero es una respuesta condicionada porque está alineada con lo que prevén dar -de suba salarial-", comentó María Laura Calí, directora de SEL Consultores, respecto de los resultados de una encuesta hecha en noviembre en 150 firmas líderes.

Cuando se les preguntó a los directivos de cuánto suponen que serán las demandas sindicales, el promedio de las respuestas arrojó 27% con un máximo de 30 por ciento. Y respecto del porcentaje en que creen que cerrarán los acuerdos, el promedio fue de 26 por ciento.

En esas respuestas, indicó Calí en diálogo con el matutino, no hubo grandes diferencias por sectores, algo que sí ocurrió al hablar de la conflictividad esperada. En general, 36% de las empresas prevé un escenario más complicado y sólo 2% lo imagina más tranquilo. Pero el primer porcentaje se elevó a 62% en los laboratorios, 58% en las firmas de servicios públicos y 50% en las de comunicaciones y en las químicas.

Sindicatos como el de aceiteros y petroleros de Chubut y Santa Cruz manifestaron demandas por alzas de 30 por ciento. Para la mayoría de los gremios aún no llegó el momento, porque sus acuerdos vigentes vencerán en los próximos meses. Como en años previos, hubo reclamos de bonos por fin de año, que se efectivizaron para los camioneros, trabajadores del peaje y empleados de grandes empresas del comercio y de industrias como la alimenticia.

"Si bien la devaluación les da espacio a varios sectores, los servicios y el comercio tendrán enormes dificultades para aumentar entre 25 y 26%, por lo que el salario real promedio de la economía caerá y aumentarán los conflictos", resumió Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, donde señalaron que la inflación corre el riesgo de llegar rápidamente a 30% anual.

Según Bour, "no va a ser fácil distinguir cuánto de los aumentos de 2014 se explicarán por el piso más alto que puso la policía y cuánto proviene de la percepción de mayor inflación".

La medición de expectativas en la población que realiza la Universidad Torcuato Di Tella revela que para los próximos doce meses se prevé un alza de precios promedio de 35,3%, número que sube a 38,1% en la percepción de quienes tienen ingresos más bajos, una tendencia lógica porque las mayores subas afectaron en los últimos tiempos a los alimentos y bebidas.

Es un tema discutido si el conflicto policial tendrá impacto en la negociación general, pero poco se duda de que el tema complica al sector público, afectado en todos sus niveles (Nación, provincias y municipios) por las cuentas en rojo. "Probablemente los docentes amenazarán con no iniciar las clases para exigir en cada provincia aumentos similares a los de la policía, los seguirán los médicos y el resto de los agentes", consideró Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.

"Es el Estado el que modificó la ecuación, al acordar salarios que no tiene cómo pagar; por eso creo que el año podría ser más conflictivo, aunque ojalá que no", analizó Héctor Daer, dirigente del sindicato de la sanidad y diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa.

Fue el Estado también el que, con la manipulación de los datos del Indec, destruyó lo que podría ser una referencia para ver cómo mantener el poder adquisitivo o -más importante y mejor aún- para pensar medidas adecuadas que frenen los precios. "Está claro que los sindicatos usan lo que definen como 'el índice de inflación del supermercado' y, salvo escasas excepciones, el incremento salarial de las principales actividades rondó en los últimos años el índice de inflación que informan las consultoras privadas", observó Luis Discenza, abogado del estudio AMZ, que asesora a empresas en las negociaciones.

Desde la presidencia de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja afirmó que, en los últimos diez años, los salarios de convenios fabriles tuvieron alzas "que superan cualquier otro indicador, sea de precios o de ajuste de la paridad cambiaria".

Agregó que los seis grandes convenios (textiles, metalúrgicos, calzado, alimentación, gráficos y plásticos) "reflejan un incremento superior a 1200% en sus salarios básicos".

"Lo deseable es que sigamos moviéndonos, trabajadores y empresarios, con moderación, ya que la imprudencia en el reclamo o medidas de acción directa intempestivas para presionar por salarios en un contexto de problemas de competitividad haría correr el riesgo de afectar las fuentes de producción y del empleo", advierte quien también es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Agrega que el Gobierno debe tomar iniciativas para mejorar las condiciones para la actividad.

Pero hay medidas que van en dirección contraria. "Es probable que haya diferencias en las paritarias, según la coyuntura de cada sector; la industria automotriz, golpeada por las menores ventas a Brasil, la restricción a las importaciones y el nuevo impuesto a los autos de mediana y alta gama, parece una de las que va a estar en peor situación", ejemplifica Beker.

"La expansión de más de 30% del gasto público y el nuevo proceso de devaluación impulsan un escenario inflacionario, a lo que se suma una rigidez de la oferta a corto plazo, un bajo grado de competitividad, restricciones a la importación y expectativas negativas", enumeró Jorge Todesca, director de la consultora Finsoport, quien señaló que, después de varios años de subas reales, esta vez los salarios cierran con alzas de dos o tres puntos por debajo de la inflación. Eso, agrega, pone un piso elevado a los próximos reclamos.

En ese escenario, el acuerdo de precios no es visto como una medida acertada. "Un acuerdo solitario tendrá poca efectividad", dice Todesca.

"El acuerdo de precios no fue efectivo ni con 10.000 productos ni con 500; no cabe duda de que lo van a querer usar para la negociación salarial, pero. ¿qué van a hacer los dirigentes sindicales? Deberán responder a sus bases en algún momento", dice Javier Lindenboim, economista y docente de la UBA y del Conicet. "El ambiente político, social y económico está menos respirable -afirma-. Y más allá de que el sindicalismo reclamará cifras importantes, habrá problemas para que se las concedan, lo que lleva a una situación muy conflictiva."

El problema de la inflación "va a acelerarse básicamente porque habrá un nuevo deterioro de las cuentas públicas que se financiará con emisión", advirtió Bour, para quien el acuerdo de precios "es negativo porque acelera la inflación de corto plazo por la anticipación del anuncio, y porque no puede haber control de precios sin un programa detrás y con el Banco Central devaluando al 5% mensual". Como efecto concreto, interpretó, el pacto podría reducir el horizonte de las negociaciones, con sindicatos que acepten firmar porcentajes más bajos, pero solamente por unos meses y no por un año.

En cuanto al mercado laboral, el deterioro es admitido por el Indec, que para el tercer trimestre estimó un desempleo de 6,8 por ciento. Es un índice inferior al de un año atrás, pero por una razón negativa: en el período se perdieron puestos y la desocupación sólo bajó por la cantidad de personas que dejaron de buscar trabajo.

El economista y diputado por Unidad Popular, Claudio Lozano, puso la mira en el hecho de que la mayor parte de las personas activas no están incluidas en convenios: si se descuenta a desocupados, cuentapropistas y empleados en negro, los empleados con posibilidad de estar en los acuerdos son alrededor de 45% del total de trabajadores. Pero de allí, continuó Lozano, habría que restar a empleados de provincias y a algunos del sector privado que quedan al margen de la representación sindical (y que, en los últimos años, tuvieron ajustes menores a los de los convencionados).

En el tercer trimestre del año, el salario neto promedio del sector privado declarado al sistema jubilatorio fue de $ 7281, mientras que el ingreso promedio de la totalidad de los ocupados (que incluye a informales) fue mucho más bajo: de $ 4571.

Según Lozano, tras el debilitamiento poselectoral del Gobierno, hay un esquema de políticas más conservadoras, una devaluación que sólo este mes será de entre 5 y 6% y una autorización para subir precios. Se suma a ese escenario el dato de que, según la encuesta de SEL, el 12% de las empresas prevé disminuir sus dotaciones, contra 4% que dio tal respuesta un año atrás. "La capacidad de negociación se debilita, pero es difícil que los sindicatos se sienten con un pedido menor al 30%", concluyó Lozano.

Con cada vez más obstáculos, la clave no es ver quién gana la carrera, sino acertar con la estrategia que logre frenar el ritmo de los precios.