El Gobierno ahora intentará reforzar la intervención estatal en el manejo de Edenor y Edesur

Mientras continúa la amenaza de rescindir las concesiones, el Gobierno ha comenzado a evaluar una nueva alternativa que apunta a reforzar la intervención estatal en el manejo y control de Edesur y Edenor.

La estrategia consistiría en "capitalizar" con acciones de esas empresas las inversiones que el Estado pagó en los últimos años en la red metropolitana. Eran obras que contractualmente debían haber hecho las empresas con subas de tarifas que no fueron autorizadas.

La primera señal de la nueva estrategia la dio el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien anticipó que "el Estado deberá capitalizar y poner en valor lo que ha invertido hasta ahora en el área energética".

Los asesores de ministro ya se pusieron a analizar los casos de Edesur y Edenor para ver hasta dónde se puede aplicar el nuevo esquema de "capitalización", según consigna el diario Clarín. 

El tema comenzaría a tratarse oficialmente mañana en la primera reunión del año de la "Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de Inversiones Hidrocarburíferas", que preside el ministro de Economía, Axel Kicillof. Dicha comisión está integrada por funcionarios de Planificación y Economía y desde 2012 fija los grandes lineamientos de la política energética.

En el caso de Edesur, la intención oficial es acceder a un porcentaje minoritario de las acciones para tener una injerencia directa en la empresa. En Edenor lo que se buscaría es incrementar la participación del 27% que ya tiene el Estado con las acciones que la ANSeS heredó de las ex AFJP.

Paralelamente, el Gobierno avanzó con otras dos medidas: por un lado, les quitó el manejo de las obras que venían ejecutando desde 2012 con el FOCEDE, el fideicomiso que se alimenta con los cargos específicos que pagan todos los usuarios. Y por otro lado, las intimó para que cancelen los $1.448 millones que le deben por energía a Cammesa, la administadora estatal del mercado eléctrico.

Claro que Edesur y Edenor tienen una carta a su favor que el Gobierno no puede desconocer. Se trata del "reconocimiento de los mayores costos operativos" que figuran en los contratos renegociados por Néstor Kirchner en 2006. Están pendientes desde febrero de 2012 y representan unos $1.000 millones que deberían cobrar cada una de las distribuidoras.