Comisiones internas, centros de estudiantes y militantes de organizaciones políticas y sociales de izquierda protestaron este jueves en varios accesos claves de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para reclamar la liberación de trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz), lo que motivó el accionar de la Gendarmería, que reprimió a los manifestantes al menos en dos cortes.

Las medidas se replicaron asimismo en al menos ocho provincias del interior, como parte del plan de lucha que contempló más de una docena de acciones en todo el país.

Por la tarde, la protesta llegó a las puertas del Congreso nacional, donde los diputados del Frente de Izquierda realizaron una conferencia junto a organismos de derechos humos, para repudiar la represión ordenada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ar cargo de los operativos de la Gendarmería.

Christian Castillo, diputado bonaerense del FIT y dirigente del PTS, acusó al Gobierno de ser "un gobierno del ajuste y la represión para los trabajadores y los pagos millonarios para la Repsol".

"Hablamos de un Gobierno que viene profundizando su política represiva y de criminalización de la protesta, no por casualidad fueron los impulsores de la Ley Antiterrorista y el Proyecto X", advirtió.

Por la mañana, se vivieron grandes momentos de tensión en los piquetes del Puente Liniers; en la ruta Panamericana, a la altura de la 197, en Pacheco; y en el Puente Pueyrredón.

Varias personas resultaron heridas y otras detenidas este jueves en la mañana a raíz del desalojo de la Gendarmería de los manifestantes de izquierda en la Panamericana y la General Paz.

Los incidentes se produjeron alrededor de las 7.30 cuando la Gendarmería dispersó con gases lacrimógenos y el apoyo de carros hidrantes a manifestantes que cortaban la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, y respondieron el avance de los efectivos con piedras, palos y el contenido de matafuegos.

A raíz de la represión, varias personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros asistenciales de la zona, y al menos otras cuatro fueron detenidas.

Dos horas después se produjeron nuevos incidentes entre uniformados y manifestantes por un piquete en General Paz y Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers.

Cruces entre Berni y la izquierda

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, definió a los manifestantes como "una manga de inadaptados" y advirtió que quien corta una ruta es "un delincuente", además de criticar al diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, por participar de las protestas.

"Es un diputado nacional al que le pagamos el sueldo todos los argentinos para que legisle y está propiciando que se violen las leyes", cuestionó.

Del Caño respondió a las acusaciones del funcionario kirchnerista calificándolo de "patotero" y aseguró que Berni "militarizó" los lugares de protestas para "amedrentar a quienes ejercen su derecho a manifestarse. Si eso no es criminalizar la protesta, ¿qué es?", interpeló.

Los manifestantes se trasladaron luego a la autopista Dellepiane, a la altura de la calle Escalada, en Villa Lugano, y a la avenida Hipólito Yrigoyen al 300, a metros del acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda.

Allí, intervinieron efectivos de la Policía Federal con perros entrenados para liberar el bloqueo del tránsito vehicular en la zona.

Protestas en todo el país

Por la tarde, en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, frente al Congreso, militantes de izquierda interrumpieron el tránsito y repudiaron la "criminalización" de la protesta de las autoridades nacionales, según informó DyN.

Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B de subterráneos, reclamó allí la absolución de los trabajadores acusados de asesinar al policía Jorge Sayago en 2006, en la localidad santacruceña de Las Heras.

Los "metrodelegados" también liberaron molinetes en la Línea C en la estación cabecera de Constitución, como forma de adhesión.

Mientras que en Santa Cruz hubo una movilización al Superior Tribunal de Justicia, los actos de protesta se replicaron en Mendoza, Bahía Blanca, San Luis, Neuquén, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Las movilizaciones y actos comenzaron a raíz de que la Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia condenó en diciembre a reclusión perpetua a los trabajadores Hugo González, Inocencio Cortés y José Rosales por el "homicidio" de Sayago, ocurrido durante una pueblada en 2006.

Los manifestantes consideran que el proceso judicial fue "fraudulento" porque no hay pruebas para incriminar a los condenados, y  seguran que varios de ellos fueron sometidos a torturas y apremios ilegales antes de declarar.