El Gobierno ajusta los detalles para anunciar una suba en las tarifas de luz

Un día después de anunciar el primer plan masivo en 10 años para recortar subsidios al gas y al agua, que derivará en aumentos de hasta 400% en las facturas, el Gobierno empezó a allanar el camino para reducir las subvenciones a la electricidad.

El objetivo es congelar los precios de la distribución de luz en las provincias, cuyas tarifas establecen entes de control autónomos. Eso serviría para moderar los efectos sobre la factura que puede provocar un retiro de subsidios, hoy destinados a la generación de la energía. En otros términos: que al aumento por el retiro de los aportes del Estado no se le sumen ajustes propios de las gobernaciones, indicó a La Nación.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, reunió las firmas de la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y de su par riojano, Luis Beder Herrera, para un convenio para congelar por un año las tarifas eléctricas en las administraciones provinciales.

Son los dos primeros nombres de una lista a la que el Gobierno intentará sumar en las próximas semanas al resto de las provincias.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Luis Beuret, y Ricardo Martínez Leone, presidente del ENRE (el ente regulador) y hombre de confianza del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, les pasaron propuestas de recorte de subsidios a los ministerios de Planificación y de Economía.

A algunos gobernadores les prometieron que el Gobierno tendrá una definición sobre el tema en dos semanas (podría decidir avanzar en la quita o postergarla, según cómo evolucionen los recortes en gas y electricidad).

El secretario de Energía, Daniel Cameron, y el coordinador del Ministerio, Roberto Baratta, quienes responden al ministro de Planificación, tienen agendadas reuniones con representantes de otras gobernaciones para convencerlos de que se sumen al denominado "Acuerdo Marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina".

A mediados de este mes circuló un borrador de acuerdo elaborado por los equipos de Planificación que pedía a las gobernaciones ceder el control del negocio eléctrico en sus provincias, algo que rechazaron de plano. Ese texto mostraba, por primera vez en años, la intención oficial de reducir los subsidios eléctricos, ya que proponía hacer estudios para identificar a usuarios "que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos" del negocio eléctrico y sugería aplicar un "proceso de normalización" en la facturación.

A fines del mes pasado recibieron otra propuesta, que les suponía una pérdida algo menor de autonomía en las decisiones y les permitía trasladar a la tarifa los aumentos de salarios que surjan de las negociaciones paritarias del sector eléctrico. No estaba mencionado explícitamente el tema de la reducción de subsidios. Para las provincias, sin embargo, esa posibilidad quedó en estado latente, remarcó La Nación.

Hasta ahora, la mayoría de las administraciones provinciales no está de acuerdo con la propuesta. Reconocen, sin embargo, que pueden llegar a apoyarla por cuestiones políticas. Desde el primer momento, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Buenos Aires plantearon reparos.

El Gobierno buscaría primero sumar a la mayoría de las provincias y dejará para el final al distrito de Daniel Scioli. Sus asesores no están de acuerdo con la propuesta porque en el verano los problemas eléctricos de Edenor y Edesur, bajo jurisdicción nacional, fueron mayores a los de las cooperativas y empresas privadas concesionarias del servicio en la provincia. Y le recomendaron a Scioli no ceder la regulación del negocio por temor a una precarización del servicio.

Cómo se implementaría
La quita en los subsidios –a partir de abril- estaría atada al nivel de ingresos de los hogares. Quienes ganen más de $ 25.000 por grupo familiar perderían la totalidad de los beneficios y subsidios.

Para avanzar con este proyecto, la AFIP está buscando armar un mapa de ingresos de cada usuario de electricidad. A partir de la semana próxima, cada familia deberá responder a las empresas distribuidoras si vive en una casa propia o es alquilada. También si es titular del servicio.

Esos datos se cruzarían con los de ingresos que tiene el organismo de recaudador. Con esa base de datos, se trabajaría en las subas, según lo previsto en el Poder Ejecutivo, señaló Clarín.

El ajuste tarifario llegaría a los usuarios por medio de dos vías: una “remarcación” en los cargos específicos de obras y una quita selectiva de subsidios para los hogares de consumos medios y altos.

En el caso del suministro eléctrico, los montos fijos que abonan actualmente los usuarios hogareños para las obras de mejoras y expansión de las redes van desde los $ 4 hasta los $ 150 por bimestre. En tanto, para los comercios el cargo oscila entre los $ 45 y $ 300, mientras que las industrias pagan un suma mensual que varía según sus consumos. El Gobierno retomaría la poda de los subsidios que había iniciado a fines de 2011 y abandonó en febrero de 2012, tras el impacto por tragedia ferroviaria de Once. En Planificación evaluaban cortar subsidios según la ubicación geográfica, pero también circuló la idea de tener en cuenta los valores de los inmuebles antes de decidir cómo se hará la poda.