El legislador porteño del MST, Alejandro Bodart denunció penalmente a Metrovías y Sbase por "estafa y desobediencia" de la medida cautelar, dictada el 14 de marzo por la jueza en lo Contencioso y Administrativo Elena Liberator incumplida por el gobierno de la Ciudad.

Asimismo, el 17 de abril, Liberatori dictó una resolución en donde fijaba medidas para corregir tales desequilibrios, como por ejemplo, hacer lugar a la creación de un abono de 20 viajes con valor de 85 pesos.

La magistrada también había dispuesto que los abonos mensuales con descuento por acumulación en cualquiera de sus modalidades -20,30,40 y 50 viajes- no tengan fecha de vencimiento, entre otras medidas.

"Diez días atrás realizamos una denuncia en el Juzgado por incumplimiento de la resolución que planteaba ese ajuste tarifario; y ahora hicimos la denuncia penal contra Sbase por no hacer cumplir a la empresa, y a Metrovías por no otorgar los beneficios que le caben al usuario y que fueron otorgados por la ley", sostuvo Bodart.

En el caso de que se avance con la causa, a Juan Pablo Piccardo, responsable de Sbase, "le cabe un proceso porque la desobediencia es un delito que está penado con varios años de cárcel", explicó el legislador, mientras que sobre Metrovías "recaen sanciones económicas".

El incumplimiento de la medida dispuesta por Liberatori -de quien Bodart es "crítico" ya que "no hizo cumplir la orden judicial"-, fue constatado por un escribano que recorrió las estaciones a fin de observar si el ajuste tarifario se aplicaba o no, y determinó que no se cumplía, según consignó Télam.

Según Bodart, los funcionarios y empresarios denunciados por él "no tuvieron ningún tipo de comunicación" porque "se mueven con un gran manto de impunidad".

"El gobierno porteño trabaja directamente para la empresa, ya que viola todas las resoluciones y así se niega a aplicar los mínimos logros a favor de la gente", afirmó.

"El aumento es una estafa, pero estos pequeños logros que se fueron dando ni siquiera el gobierno los cumple, lo que es ridículo, ya que se supone que el Estado tiene que responder por la gente y no por las empresas", señaló.