Mientras el Congreso se aboca a debatir una “regulación” a los piquetes, los partidos opositores con representación parlamentaria se unirán este martes con el propósito de derogar la denominada Ley Antiterrorista con el argumento de que la norma sienta las bases para criminalizar la protesta social.

De acuerdo a Parlamentario.com, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, a cargo de Patricia Bullrich  se reunirá a las 15 y pondrá en consideración cuatro proyectos que proponen derogar la ley 26.734. Las iniciativas corresponden a Victoria Donda (Libres del Sur), Laura Alonso (Unión Pro), Manuel Garrido (UCR) y al exdiputado Gerardo Milman (GEN).

La norma fue sancionada el 27 de diciembre de 2011 en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por la presidenta Cristina Kirchner, con el argumento de que su sanción era una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina pasara a ser considerada como un destino seguro de Inversiones Externas Directas.

Aunque la oposición no tiene mayoría en la comisión, buscará dar el debate y firmar un dictamen. Pero incluso con el despacho de este cuerpo, los proyectos deberán pasar por el filtro de la Comisión de Finanzas, conducida por el kirchnerista Carlos Heller (Nuevo Encuentro).

¿Qué dice la ley?La norma establece que cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiera sido cometido “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, la escala penas se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Pero a continuación añade que dichos agravantes “no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

No obstante, dos casos reactivaron la polémica por la criminalización de la protesta social y el ejercicio de la libertad de prensa, remarcó Parlamentario.

En enero de 2012, asambleístas de Catamarca que cortaban una ruta nacional en protesta contra la minería a cielo abierto fueron privados de su libertad e imputados por "actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública" por el fiscal provincial subrogante Julio Landivar.

A fines de año pasado, Juan Pablo Suárez, el editor responsable del sitio web de noticias Ultima Hora de Santiago del Estero, fue encarcelado luego de cubrir una manifestación de un policía provincial y su familia a fin de que sus colegas se sumaran a la ola de acuartelamientos que se vivía en todo el país.

Ese día el policía fue detenido y Suárez filmó toda la secuencia. Minutos después, una comisión policial detuvo al periodista al acusarlo de “sedición”, por lo que permaneció preso más de una semana. Sin embargo, cuando la causa pasó a la justicia federal el fiscal Pedro Simón lo acusó también de "incitación a la violencia colectiva", agravada por la "finalidad de aterrorizar a la población", en los términos de la Ley Antiterrorista.