Luego del fuerte rechazo que provovó el anteproyecto de reforma del Código Penal que impulsaba el oficialismo, ahora el Gobierno volverá a impulsar la medida una vez terminado el conflicto con los fondos buitre.  

El 5 de julio pasado venció el plazo que había fijado el Ministerio de Justicia para la presentación de propuestas, que fue la alternativa por la que optó Casa Rosada cuando enfrió su tratamiento parlamentario y envió el proyecto a las universidades para que sea discutido, y así conseguir más consenso.

Según pudo saber el diario La Nación de parte de fuentes oficiales y con acceso a la redacción de la iniciativa, a fin de mes se volverá a convocar a la comisión que ideó la reforma, bajo la presidencia del juez Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema. Integran esa comisión el diputado Federico Pinedo (Pro), los ex legisladores de la UCR, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata (socialismo) y el ex ministro bonaerense León Arslanian. La expectativa, de acuerdo al matutino, es que ingrese en el Congreso para su tratamiento antes de fin de año.  

La Nación asegura que una carta motivó a la presidenta Cristina Kirchner a reimpulsar el proyecto: el Papa Francisco hace poco más de un mes manifestó su negativa al endurecimiento de penas como fórmula para combatir la inseguridad.

La carta llegó después de que Francisco recibiera en Santa Marta al coordinador de la comisión de reforma del Código Penal, Roberto Carlés. La misiva la envió a los participantes del XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, dio la señal de largada para reinstalar el plan, según supo el matutino.

El oficialismo es consciente de que una reforma de ese tipo no podrá avanzar en un período electoral. "Buscamos desdramatizar la discusión y darle seriedad académica", agregó un funcionario en diálogo con el matutino para explicar la impasse que le había dado a la idea la Casa Rosada.

"Se había frenado porque no había clima. Fue muy dura la campaña en contra", explicaron en el Gobierno a La Nación, refiriéndose a la junta de firmas que realizó en contra de la propuesta el Frente Renovador. Este espacio político cuestionaba la reforma por considerar que rebajaba penas por delitos graves.

Esa crítica fue rechazada por la mayoría de los autores del anteproyecto, incluidos los opositores, a excepción de Pinedo, que manifestó su disidencia con algunas partes del texto, como la eliminación de la reincidencia, el más resistido de los cambios.

Las otras reformas criticadas fueron la baja de penas en algunos casos puntuales, como el delito de trata de menores, en el que se reduce solo la mínima y se mantiene en 15 años la máxima; el robo agravado, que baja de 15 a 12 años de pena máxima, y el tráfico de estupefacientes, que pasaría de 15 a 10 años.

Así las cosas, la reforma recién podría llegar al Congreso entre octubre y noviembre.