El Gobierno dice que el país no está en default; ni siquiera en "default selectivo", como lo denominó la calificadora de riesgo Standard & Poor's, porque se ha pagado el dinero que corresponde a los bonistas que aceptaron el canje y que debían cobrar el 30 de junio pasado, con un plazo legal de espera que venció anteayer. No pudieron hacerlo porque lo impidió el juez Griesa, aunque el dinero estaba (y sigue estando) depositado.

Tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof reiteraron ayer que "default es no pagar, y la Argentina pagó". Y dijeron que la situación de bloqueo de los pagos es un hecho imprevisto y sorprendente.

Sin embargo, el propio gobierno estipuló en el prospecto de los bonos (términos ofrecidos a los clientes) que el pago se concreta en forma efectiva cuando el titular de un bono recibe el dinero, no cuando la Argentina hace el depósito en los bancos.

El Gobierno había avisado que bloqueos como el de Griesa podían ocurrir, un argumento que en todo caso podría usar en su favor aunque no lo ha hecho.

La definición clave aparece en los prospectos depositados, por ejemplo, en la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores y Cambio de los Estados Unidos.

Los textos están disponibles en inglés en el sitio web del organismo. Allí se lee que "las obligaciones de la República [Argentina] de hacer pagos futuros, si hay alguno, no estarán satisfechas hasta que ese pago sea recibido por el titular del [respectivo] bono" [la traducción no es oficial en razón de que el gobierno argentino no ha publicado una versión en español] .

De este modo, el dinero depositado en la cuenta del Bank of New York Mellon (BoNY) no sería un pago, puesto que ha quedado bloqueado allí, en la Argentina, y no puede ser transferido debido al bloqueo impuesto por el juez Griesa.

De hecho, cuando el gobierno de Néstor Kirchner ofreció el primer canje, que se concretó en 2005, advirtió sobre los riesgos de que ocurriera algo así.

Pese a lo cual Kicillof ha calificado de "pavada atómica" que se diga que hay default. Y también se ha manifestado sorprendido por la decisión judicial, que impide pagar a los que aceptaron el canje si al mismo tiempo no se cumple con quienes no aceptaron, reclamaron el total y ganaron el pleito.

Bajo el título "Riesgos" se lee en la oferta de canje: "En años recientes bonistas holdouts han utilizado litigios contra deudores soberanos, los casos más notables son los de Perú y Nicaragua, para atar o interrumpir los pagos hechos por los deudores soberanos a, entre otros, bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda y el canje por nuevos bonos".

El texto continúa díciendo: "(La) Argentina ha estado sometida a demandas para cobrar el total de los montos adeudados en los bonos defaulteados, incluyendo acciones (judiciales) en los Estados Unidos, Italia y Alemania. Algunas de esas acciones han resultado en juicios contra la Argentina. No hay seguridad alguna de que un acreedor no será capaz de interferir, por medio de embargos, bloqueos u órdenes de restricción temporaria, con los pagos hechos por la Argentina en relación con el acuerdo de esta oferta o, subsecuentemente, bajo cualquier nuevo bono".

El texto no sólo parece advertir de los riesgos existentes a los que aceptaran el canje, los cuales habrían de hecho asumido. También parece demostrar que al menos en ese momento había funcionarios, técnicos o abogados del país que sabían de la existencia de estos peligros que acaban de materializarse.

El Gobierno no ha hecho público que haya dicho a los bonistas que aceptaron el canje que, en todo caso, este problema se trata de la materialización de un riesgo que ellos aceptaron correr cuando ingresaron en la reestructuración.

También parece que, en todo caso y aun sabiendo que estos peligros existían, no se preparó una estrategia para enfrentar ese peligro si, como ocurrió, se materializaba, tal como finalmente ocurrió.

La famosa cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) o Derechos Sobre Futuras Ofertas obliga a ofrecerles a los que aceptaron el canje cualquier arreglo mejor que pudiera darse a los holdouts en el futuro. Pero ese arreglo debe ser voluntario, según consigna La Nación.

"Si la Argentina hace voluntariamente una oferta de comprar o canjear o solicita consentimiento para rescatar cualquiera de los bonos en default a cualquiera que no haya aceptado el canje, el país acuerda que tomará todos los pasos necesarios para que cada bonista que haya aceptado el canje y por un período de 30 días" tenga derecho a obtener lo mismo. El plazo vence, claramente el 31 de diciembre próximo, según el texto de la oferta de canje, pero cualquier oferta voluntaria, hecha por ejemplo ese mismo día, podría ser reclamada por los bonistas que aceptaron el canje hasta 30 días después.

El texto no menciona que se tenga que extender al resto de los acreedores un pago forzado por la obligación de una sentencia. En las tres instancias del sistema judicial de los Estados Unidos, el Gobierno dijo que quería cumplir sólo con los que aceptaron el canje. Pero la justicia de ese país condenó a la Argentina a pagar más.