El Gobierno exigirá que el mediador Daniel Pollack, que intervino en la fracasada negociación planteada en Estados Unidos con los "fondos buitre", sea removido de su función por el juez Thomas Griesa, anunció este domingo el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis.

"El próximo paso es pedir la remoción de Pollack, que se está poniendo la camiseta de los buitres", dijo el funcionario respecto de la presunta parcialidad del mediador que interviene en el litigio con los tenedores de bonos argentinos, según consigna la agencia DPA.

En declaraciones realizadas a la radio Nacional Rock, Álvarez Agis criticó el rol de Pollack al decir que a partir de su intervención el gobierno entiende que "los fondos buitre están de los dos lados de la mesa".

Tanto Cristina Kirchner, como el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya habían realizado críticas en los últimos días a la supuesta parcialidad de Pollack y también del juez Griesa, a cargo de la causa.

Al respecto, Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, opinó que la intervención de la justicia estadounidense en el caso y sus fallos en favor de los bonistas representan un "escándalo jurídico", y acerca de Griesa sostuvo que "parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta".

En un reportaje concedido al diario Página/12, Zaffaroni consideró, además, que el gobierno debe analizar la posibilidad de "demandar a los fondos buitre", los bonistas de la deuda externa en litigio judicial con el país.

"Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre", expresó el magistrado, para quien "parece claro y hay pruebas" de que los holdouts "no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo".

El jurista afirmó que los holdouts no tuvieron "buena fe en la compra" de los bonos, sino que lo hicieron con un "propósito avieso, doloso, malintencionado. En síntesis, inmoral", agregó.

Para las calificadores de riesgo mundial, la Argentina ingresó en una etapa de "default técnico" a partir del miércoles pasado, cuando fracasó la posibilidad de un acuerdo con los bonistas en litigio que reclaman el pago completo de lo adeudado, unos u$s1.500 millones.