En el salón Azul del Senado y ante un plenario de comisiones expusieron este miércoles el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario de Justicia, Julián Álvarez y su par de Comercio, Augusto Costa.

Capitanich, el primero en hablar, acusó a las corporaciones y a los grupos concentrados de cuestionar la intervención del Estado en la regulación de la economía cuando sienten afectados "sus intereses", y de no reaccionar cuando lo que se busca es "defender los intereses de los más débiles".

El funcionario consideró que existen "posiciones minimalistas" sobre cuál debe ser el rol del Estado respecto de la economía y advirtió que "hay muchos que lo único que hacen es aborrecer la función regulatoria del Estado desde el punto de vista económico".

Los proyectos redactados por el Poder Ejecutivo modifican la ley de Abastecimiento, crean el Observatorio de Precios y un nuevo fuero judicial para dirimir conflictos entre empresas y consumidores.

En representación del radicalismo, el senador Ernesto Sanz, reclamó la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, en el Parlamento; mientras que su par del peronismo disidente, Liliana Negre de Alonso, tilldó de "inconstitucional" a las medidas por considerar que le otorga a la Secretaría de Comercio poderes que le corresponden al Poder Judicial.

"Hay muchos que lo único que hacen es aborrecer la función regulatoria del Estado desde el punto de vista económico", observó Capitanich.

Sobre el Observatorio de precios, explicó que "no tiene otro sentido que verificar el comportamiento de precios, porque es absolutamente indispensable garantizar la transparencia en el funcionamiento de precios".

El funcionario criticó que las corporaciones "defienden sus intereses" y "pretenden que el Estado intervenga cuando están en juego sus propios intereses y no cuando se pretende defender intereses de los más débiles".

Remarcó la necesidad de "tener un rol del Estado con capacidad regulatoria que implique procesos de intervención para estimular la inversión", y aseguró que "no se trata de intervencionismo estatal exacerbado" y "ni siquiera de una cuestión ideológica".

Álvarez, por su parte, declaró que el objetivo de las nuevas leyes es establecer "un sistema más pragmático y más liviano", y precisó que por el sistema de precios cuidados hubo durante 2013 multas por 35 millones de pesos, según consignó Télam.

Cuestionó el sistema según el cual los consumidores "muchas veces ven pasar años" para que se resuelvan sus reclamos y afirmó que lo que se busca es "agilizar y dar resolución rápida" a los reclamos.

Álvarez también recriminó que se "oculte" a los consumidores las herramientas de las que pueden hacer uso para reclamar "por sus derechos" y advirtió que esas maniobras de ocultamiento provienen de sectores que defienden sus propios intereses en detrimento de los de los consumidores.

El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró en tanto que con las tres medidas el Gobierno "no pretende otra cosa que equilibrar relaciones desiguales" y mostrarle al consumidor las herramientas con las que cuenta para "hacer valer sus derechos".

Costa ratificó que el establecimiento del sistema de los precios cuidados "es la política de defensa de los derechos del consumidor" y consideró que "es preocupante que cuando discutimos leyes que favorecen a los consumidores los medios hablen sólo de ley de abastecimiento".

El secretario de Comercio advirtió que hay sectores que "buscan ponerle una venda a la gente" y ponderó que la nueva instancia de conciliación previa y el nuevo fuero de justicia del consumidor viene a coronar las políticas que viene llevando adelante el gobierno para que los consumidores puedan decir que se cumplen sus derechos".

Empresarios

El representante de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Manuel Campos, alertó en el debate que la nueva ley de Abastecimiento "no generará mayores inversiones en la Argentina" y señaló que "la inflación es el gran enemigo de los consumidores".

"Creemos que éste es un proyecto intervencionista", insistió Campos en el Senado y entonces "el empresario se siente débil frente a la posibilidad de una intervención" y reduce la posibilidad de realizar inversiones.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, le recordó al dirigente empresario que hay una Ley de Abastecimiento vigente desde 1974 y acusó a Campos de querer "aprovechar" la discusión del actual proyecto "para derogar" las medidas existentes.

En tanto, el representante de IDEA, Miguel Blanco, sostuvo que la nueva Ley que propicia el Gobierno "se va a pagar con desocupación, con menos consumidores y menos empleo".

Otro cruce fue el que protagonizaron entre el titular de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, con el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere.

A los cuestionamientos del dirigente rural al proyecto, el senador le achacó que el campo "fue uno de los sectores más beneficiados" en la última década; Etchevehere respondió que fue así por los precios internacionales y "a pesar" del Gobierno.

"No nos hace falta esperar que se sancione para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar", dijo el presidente de la SRA.

Advirtió que si la secretaría de Comercio Interior "va a tener la atribución, hasta judicial, de aplicar sanciones y de prohibir el ejercicio del comercio hasta por cinco años".

Como Etchevehere, los representantes del empresariado reiteraron el rechazo que ya habían adelantado en un comunicado .

Campos, de AEA, explicó que la polémica iniciativa "no contribuye a generar inversión" y "afecta las expectativas".

Y añadió: "Es la primera vez que veo al empresariado en una misma posición. En otras normas hemos tenido diferencias", mientras que Ignacio de Jauregui, de CAME, reclamó cambios para evitar que parte de las regulaciones propuestas alcancen a las pymes.