Cuando parecía que el escenario internacional no podía ser peor para el Gobierno, la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue responsable de comunicarle otra mala noticia. 

El organismo internacional falló en contra de la Argentina por sus políticas proteccionistas y los fuertes controles a las importaciones que viene implementando desde la época de Guillermo Moreno, para cuidar los dólares de la economía. 

La decisión del panel de la OMC se tomó luego de que un grupo de 43 países, conformado por Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea, entre otros, iniciaran en mayo de 2012 una serie de demandas en contra de la Argentina.

Y el fallo, por cierto, no resultó beneficioso: si bien antes habrá que atravesar determinados plazos e instancias legales, lo que determinó el organismo internacional es que estas naciones pueden quedar habilitadas a aplicar represalias en contra de las exportaciones argentinas, medidas que van desde la aplicaicón de aranceles a limitar la entrada de productos albicelestes.

"Lo más importante es que el fallo es en contra del Estado argentino, pero quienes en última instancia se van a ver perjudicadas son las empresas nacionales, que tendrán problemas para colocar sus productos en estos países", advirtió Marcelo Elizondo, ex director de la Fundación ExportAr.

Según el experto, si las naciones afectadas finalmente decidieran avanzar con medidas restrictivas por un monto similar al que se vieron perjudicadas por las prácticas proteccionistas de la administración kirchnerista, "se verían afectadas exportaciones por un monto de entre u$s3.000 y u$s5.000 millones anuales".

El país, más aislado del mundo

El fallo de la OMC, que amenaza con perjudicar al 6% de las ventas al mundo realizadas por el país, viene a coronar una serie de sucesos desafortunados que no hacen más que confirmar aquella frase que Cristina Kirchner pronunciara un tiempo atrás: "El mundo se nos cayó encima".

"Más allá de lo técnico, este revés que recibió el país ante el organismo impacta por su simbolismo, ya que coincide con la situación que atraviesa con los holdouts y que llevaron a la Argentina a entrar en un default fáctico", destacó Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores (CIRA).

"Esto demuestra las dificultades que estamos teniendo para integrarnos al mundo", recalcó.

Pero eso no es todo. En los últimos meses, el endurecimiento del escenario internacional para el Gobierno también incluyó la desaceleración de la economía de Brasil -principal socio comercial, que está disminuyendo el ritmo de compras de productos argentinos- y el desplome del precio de la soja, principal componente de los ingresos por retenciones.

Con la lupa en los dólares

Las denuncias de los 43 países demandantes se centraron en las Licencias No Automáticas, el polémico sistema de control de las importaciones que supo administrar, con total arbitrariedad, el ex secretario Guillermo Moreno.

Sin embargo, como las mismas fueron suprimidas y reemplazadas por otros mecanismos restrictivos, en su evaluación, la OMC decidió centrarse en toda la maquinaria proteccionista que aplicó y todavía aplica el Gobierno K y que violan las normas de comercio internacional.

En su investigación, el organismo consideró ilegales:

•Las desaparecidas licencias, así como también la forma en que se aplican actualmente las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

•Los planes "1 a 1", es decir, la obligación que tienen empresas de un amplio abanico de sectores de exportar por un valor similar al que pretenden importar.

•La exigencia de incrementar el contenido nacional bajo la pena de limitar el ingreso de insumos del exterior, como sucedió con la industria de motos, entre otros sectores. 

•La investigación también analizó la prohibición de girar utilidades, medida que también es contraria a las normas de comercio internacional. 

Cabe destacar que todo este conjunto de herramientas proteccionistas se volvieron vitales para la administración kirchnerista, dado que el superávit comercial -es decir, el resultado entre exportaciones e importaciones- se convirtió en la última fuente genuina de dólares.

El problema es que el comercio exterior viene de cerrar 2013 con un saldo de u$s8.000 millones, el peor nivel de la última década.

Para este año, las perspectivas son aun más pesimistas. Según estimaciones de la Cámara de Exportadores, el superávit podría llegar a los u$s6.300 millones, cifra que no le permitirá al Banco Central acumular reservas.

De este modo, acatar el fallo y liberar las importaciones de estos 43 países que demandaron a la Argentina ante la OMC es una opción que ningún experto considera viable.

El problema es que, como contrapartida, no negociar implicará un perjuicio para miles de empresas argentinas con negocios en el exterior que verán limitada el ingreso de sus productos a esas naciones. 

"Si el Gobierno se sienta a dialogar para evitar que se cierren mercados y se apliquen represalias, entonces deberá darle previsibilidad a los países demandantes, garantizándoles el ingreso de su mercadería en plazos más cortos o por montos mayores", sostuvo Mauricio Claverí, economista de Abeceb. 

"El problema es que el Banco Central está muy complicado por la falta de dólares. No hay margen para permitirse una flexibilización de las importaciones", acotó el experto.

En una suerte de "cláusula RUFO" versión comercial, Claverí agregó además que "si se le diera una mayor preferencia a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entonces esto puede gatillar el reclamo de otros países que no entraron en esa demanda y que también se vienen viendo perjudicados por la Argentina, como es el caso de Brasil".

En tanto, Elizondo consideró que "el país hace tiempo que viene registrando caídas en sus exportaciones. No veo cómo en un momento así podría liberar importaciones para evitar represalias".

Más allá de un tema no menor, como es la falta de dólares, para los expertos, este fallo de la OMC, al coincidir con el revés que le propinó el juez Thomas Griesa en el caso del litigio con los fondos buitre, pone en juego para el Gobierno aspectos ideológicos y discursivos.

En este sentido, la Argentina tiene una ventana de 60 días para apelar la decisión. El problema, para Ponce, es bajo qué argumentos lo haría.

"Temo que se plantee una posición extrema, en la cual el país se presente como víctima del castigo proteccionista de otras naciones y que se muestre este fallo como parte de un contexto de agresión internacional", apuntó el gerente de CIRA.

Elizondo coincidió en las bajas probabilidades que hay de que el país se siente a negociar: "Si la Argentina reaccionó como lo hizo ante el tema de los holdouts, es difícil imaginarse que acate acate algo que viene dictado desde afuera. Más cuando Estados Unidos y la Unión Europea son quienes están detrás de esta demanda".

Así las cosas, Ponce se mostró preocupado de que, en los próximos meses, no se flexibilice el "cerrojo" importador. 

"La Presidenta ya lo anticipó en el último discurso en la Bolsa de Comercio. Dijo que iba a defender a rajatabla el superávit comercial. Por eso, todo indica que vamos a tener más dificultades y más demoras en la aprobación de las DJAI. Y esto podría derivar en represalias para las empresas argentinas con negocios en el exterior", recalcó.

Exportadores, los más perjudicados

En este dilema entre liberar importaciones o que las empresas exportadoras paguen los costos de las medidas proteccionistas, el Gobierno cuenta con algo de tiempo para patear el problema hacia adelante.

Como se mencionó, en primer lugar, dispone de 60 días para apelar, algo que el viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agís, anticipó que el Gobierno "hará de inmediato".

Luego, habrá 30 días más para que el tribunal de la OMC evalúe el expediente.

Finalmente, hacia fin de año, el organismo se deberá expedir sobre la decisión tomada en primera instancia.

Si las negociaciones entre las partes no llegan a buen puerto, o la Argentina no propone ninguna medida que satisfaga las expectativas de los países que iniciaron la demanda, entonces la OMC finalmente podría habilitar la aplicación de represalias en contra de los productos argentinos que, como se dijo, afectará negocios y le hará resignar al país ingresos de divisas por hasta u$s5.000 millones.

Según Elizondo, el grueso de las exportaciones a Japón y a países de la Unión Europea son manufacturas de origen agropecuario, es decir, alimentos con mayor o menor nivel de valor agregado.

En tanto que el principal rubro enviado a los Estados Unidos corresponde a los productos químicos, "por lo que, en este caso, podrían verse afectadas empresas industriales", acotó el experto.

Frente a este panorama, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), reconoció a iProfesional que "en el sector estamos muy preocupados. Por eso, ya hemos pedido un proceso de consultas con el Gobierno para que nos expliquen cuáles van a ser las próximas medidas que va a tomar frente a este tema".

Lo que más inquieta a los exportadores es la forma en que la Argentina enfrente este conflicto.

En este sentido, no sorprendió a los directivos de empresas las palabras del viceministro Alvarez Agís, quien aseguró que las medidas adoptadas por la OMC "no son sanciones que nos puedan llegar a perjudicar en términos económicos".

"Es la misma forma en que enfrentaron el tema de los holdouts: negaron cualquier tipo de impacto y ahora estamos preocupados por la falta de dólares y la caída en el ritmo de actividad", disparó el presidente de una cámara electrónica.

El tiempo empezó a correr. El Gobierno deberá elegir si sacrifica divisas para autorizar el ingreso de productos importados (y así evitar represalias) o si se arriesga a que las naciones más poderosas castiguen al "Made in Argentina", lo que se traducirá en una menor entrada de billetes verdes. 

Un verdadero "laberinto K" ya que ambos caminos conducen al Ejecutivo a resignar algo que escasea: dólares.