El ministro de Economía, Axel Kicillof; la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y hasta la propia presidenta Cristina Fernández están analizando la posibilidad de preparar una especie de rescate estatal para Impsa.

Se trata del grupo mendocino propiedad del empresario Enrique Pescarmona que se encuentra atravesando por una delicada situación comercial y financiera que lo llevó a solicitar un procedimiento legal que le permite suspender personal, reducir horas extras y hasta despidos.

El miércoles, el propio Pescarmona inició un raid por varios despachos oficiales. En especial, por los del Ministro de Economía y por el de la Ministra de Industria. Con ambos, el empresario debatió la crisis de su holding que tiene una serie de condimentos vinculados a factores internos y externos.

Con una deuda de u$s1.200 millones, problemas para cobrar las obras que hizo en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro; caída de sus negocios en Brasil y una fuerte reducción de sus operaciones en Argentina, Impsa busca el auxilio estatal para recuperarse.

Según El Cronista, en el Gobierno habría consenso para “ayudar” a Pescarmona. “Hay que darle una mano”, se escuchó decir en alguno de los despachos en los cuales el empresario mendocino estuvo el miércoles.

Esto, a pesar de que Pescarmona no puede ser considerado un hombre de negocios K si se tiene en cuenta que en los últimos 10 años el único contrato que obtuvo en el país fue de u$s160 millones para una obra menor en Embalse de energía nuclear. Nunca logró hacer pie en otros mega emprendimientos como Chihuidos, Cóndor Cliff y Anacuá.

En las últimas horas, Impsa envió un comunicado a la Bolsa de Comercio en el cual admite haber contratado a varios asesores legales y financieros para apoyar al grupo “a realizar una evaluación de su situación actual, comercial, operacional y financiera, incluyendo los problemas resultantes de atrasos sufridos en las cobranzas por parte de algunos clientes en contratos significativos”.