El abogado, integrante de la agrupación Será Justicia, Guillermo Lipera, aseguró este viernes que la Ley de Abastecimiento "está plagada de inconstitucionalidades" y es "tan o más delicada que la 125 o la democratización de la Justicia".

En diálogo con radio Mitre, explicó que se va a la "colonización de la propiedad privada y la libre empresa".

En tanto, desmintió los dichos del secretario de Comercio Augusto Costa al decir que la ley "busca resucitar un articulado que estaba suspendido".

"La ley estaba suspendida por otra ley que decía que solamente estas facultades extraordinarias que da el Congreso al Poder Ejecutivo podían reestablecerse si en un caso en particular el Congreso decretaba un estado de emergencia de abastecimiento", detalló

El miembro de la agrupación que tuvo una participación destacada en la defensa del fiscal José María Campagnoli, explicó en detalle las facultades extraordinarias que da la ley al Poder Ejecutivo y "en qué casos puede aplicarlas y cuáles son las sanciones":

El Ejecutivo "va a poder establecer márgenes de utilidad, niveles máximos y mínimos de precios", además de poder "ordenar la continuidad de producción, fabricación o venta de bienes, aun a pérdida'. También está facultado para "secuestrar toda la documentación comercial y demás libros y papeles y correspondencia y papeles de comercio de la empresa".

Estas medidas las podrá implementar cuando entienda que se da alguna de las siguientes circunstancias: "cuando elevaren artificialmente o injustamente los precios"; "cuando tuvieran ganancias abusivas"; "cuando acaparen materias primas o productos en cantidades superiores a las necesarias"; "cuando intermediaren innecesariamente en la venta de bienes" y "cuando negaren injustificadamente la prestación de bienes o servicios". "Todo esto lo va a interpretar el Poder Ejecutivo" a gusto, afirmó, pero no sólo: "además la ley dice que los gobernadores en cada provincia van a poder aplicar estas facultades".

Sobre las sanciones económicas que habilita la ley, Lipera explicó que podrían alcanzar hasta el triple de la ganancia obtenida en la infracción, además de la clausura del establecimiento por un plazo de 90 días y el decomiso de la mercadería, "que además las pueden vender".

Además, Lipera repudió la actitud de las Pymes, que lograron quedar excluidas de la ley: "Me dio vergüenza ajena, porque lo único que pidieron es quedar afuera ellos".

Sin embargo, explicó que de acuerdo con la ley "si en algún lugar en particular, esa empresa tiene una posición dominante", la ley se aplica, por lo que "no quedó nadie afuera".

"Con esta ley no están empoderando al consumidor, están empoderando al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera", sostuvo y concluyó: "La gente tiene que tomar conciencia que está en juego el trabajo de cada uno".