El primer depósito oficial bajo la ley de pago soberano de la deuda fue recibido en Nueva York sin sorpresas ni estridencias, como un acto simbólico ante una realidad que aquí se ha reiterado hasta el cansancio: el mecanismo diseñado por el Gobierno y aprobado por el Congreso es impracticable.

El Gobierno depositó el martes en una cuenta en Buenos Aires u$s161 millones para afrontar un nuevo vencimiento de intereses del bono Par regido por la legislación de Nueva York, pese a la orden del juez Thomas Griesa, que había declarado ilegales los intentos de pago y colocado al país en desacato.

Pero en la misma jornada, en Estados Unidos se insistió en que el andamiaje legal que rige a los papeles de la deuda hace que sea casi imposible concretar ese pago y eludir los canales bloqueados por Griesa.

El Bank of New York Mellon (BoNY) reiteró que aún es el agente de pagos del país y que acatará las órdenes del juez, que le prohibió transferir cualquier dinero destinado a los bonistas a menos que tuviera pruebas de que la Argentina pagó también la sentencia a favor que tienen en sus manos los fondos buitre NML, Aurelius Capital, Blue Angel y 13 ahorristas argentinos que acorralaron al país en los tribunales de Estados Unidos.

"BoNY Mellon permanece como fiduciario de los bonos reestructurados bajo los términos del contrato [...] y continuará cumpliendo con las órdenes judiciales vinculantes que rigen sus acciones", indicó la entidad en un comunicado.

Con la ley de pago soberano, la Argentina rompió relaciones con el BoNY, que tiene a su cargo la responsabilidad de transferir los fondos a otras entidades financieras que participan de la cadena de pagos de la deuda, publicó La Nación.

Griesa también dijo que el intento de la Argentina de desplazar al BoNY era ilegal y ratificó el rol de agente de pago del banco.

Clearstream, una de las entidades que forman parte de la cadena de pagos que une a la Argentina con los bonistas a través del BoNY, brindó un mensaje similar de respeto a las decisiones del juez.

"Clearstream está siguiendo la situación de cerca y siempre cumple con las órdenes del tribunal sobre este asunto", dijo un vocero, según la agencia Reuters.

Ellos y sólo ellos tienen la información y los medios para llevar el dinero depositado hasta a los bonistas, y por eso el depósito que hizo el Gobierno en una cuenta en Nación Fideicomisos se vio aquí como un acto simbólico que cumple un doble papel: mostrar voluntad de pago del Gobierno y desafiar las órdenes del juez."La Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los bonistas", señaló en un comunicado el Ministerio de Economía.

Cristina Kirchner reforzó luego el mensaje al hablar desde el Salón de la Mujer de la Casa Rosada. "¿Por qué no dejan que la Argentina pague su deuda que quiere pagar?", preguntó la jefa del Estado, en un discurso en el que envió mensajes muy duros a Griesa y al Departamento de Estado de Estados Unidos, que horas antes había emitido una declaración protocolar que reiteraba, por enésima vez, la postura del gobierno de Estados Unidos frente al caso argentino."El pago no cambia nada", graficó a La Nación un analista de un banco de inversión. La referencia hizo eco, una vez más, al statu quo en el que ha quedado sumida la pelea de la Argentina con los fondos buitre frente al punto muerto en las negociaciones entre el Gobierno y los demandantes para llegar a un acuerdo y ponerle fin a una disputa que ya lleva más de una década.

El dinero depositado por el Gobierno ha pasado así a formar parte del limbo legal en el que ha caído una parte de la deuda pública del país a partir de los fallos de Griesa.

Con nulas esperanzas respecto del éxito del plan de pago soberano o de las negociaciones, quienes siguen la disputa aguardan, ahora, las próximas novedades legales: la definición final de Griesa sobre el futuro de los bonos gobernados por la ley argentina en dólares y las eventuales sanciones por el desacato.

En este punto, importa sobre todo saber si habrá sanciones "no monetarias", que podrían complicar aún más a la Argentina.