Las aspiraciones del Grupo de los 6 (G-6) de poder presentarse en conjunto ante la Corte Suprema mediante una declaración de certeza que plantee la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento podrían quedar truncas porque, de acuerdo a sus abogados, debería existir un caso concreto. Una empresa afectada por la aplicación de la polémica norma podría presentar, eventualmente, una demanda y un pedido de inconstitucionalidad.

De todos modos, el grupo conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA), las cámaras de Comercio (CAC) y Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) había encomendado estudiar el tema a los estudios de abogados de Daniel Sabsay, Jorge Vanossi y Juan Carlos Cassagne, quienes aún no les emitieron dictamen. 

De acuerdo a El Cronista Comercial, el abogado y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, aseveró que si bien "hay varias alternativas", la decisión de avanzar judicialmente se mantiene firme. 

"Los juristas tienen otros tiempos, no son los de la política", afirmó el dirigente. "No hemos bajado el martillo, pero está primando la idea de que se necesita un caso concreto para avanzar", dijo otro de los miembros del G6.

Interna en Construcción

Esta situación ayudaría a resolver una fuerte interna desatada en la Cámara de la Construcción a partir de la posición adoptada por el consejo ejecutivo de la entidad, en sintonía con el resto de las instituciones empresarias, en contra de la Ley de Abastecimiento y a favor de avanzar por la vía judicial, agregó el matutino. 

Por presiones del Gobierno, el CEO de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le transmitió al titular de Camarco, Gustavo Weiss, su disconformidad con la decisión adoptada y está decidido a pedir la convocatoria de una asamblea para expresar su rotundo rechazo. El empresario le confirmó al mencionado diario que el director comercial de la compañía, Jorge Neira, se reunió ayer con Weiss y que el directivo le dio la "tranquilidad de que no hará ninguna presentación judicial en nombre de la cámara". 

Claro que no habrá ninguna presentación, si finalmente la acción declarativa de certeza –que debería presentar cada empresa de forma individual– no es una opción viable. Sería, para la conducción de la entidad, la situación más cómoda para poder lidiar con algunos de los socios internamente. Y más cuando se trata de empresarios muy cercanos al Gobierno, con el que la mayoría de los miembros de la cámara tienen negocios con la obra pública. 

Trascendió que el ministro de Planificación, Julio de Vido, le había pedido a Ferreyra que sume adeptos para firmar una solicitada en favor de la Ley de Abastecimiento y que estaría advirtiendo que, de no sumarse, podría frenar pagos de certificados de obra. 

Fuentes de la institución aseguraron que la Ley de Abastecimiento generó un profundo malestar en todo el empresariado y que recibieron pedidos de sus principales proveedores para apoyar su boicot en el marco del G6. 

El grupo intentó por todos los medios frenar su tratamiento exprés en el Congreso, pero apenas logró cambios menores que la mayoría de las cámaras relativizó. Las pymes salieron beneficiadas en esta puja debido a que fueron exceptuadas luego de que entidades como la Cgera o Came plantearon ante los legisladores que como proveedoras de las grandes empre sas sufren los abusos por posiciones dominantes.