Ante un escenario inflacionario y con un Impuesto a las Ganancias que golpea cada vez más fuerte en los bolsillos de los empleados que no fueron beneficiados con el último decreto presidencial, cada vez son más los gremios que salieron a solicitar un plus para fin de año.

En efecto, el pedido no sólo es realizado por los sindicalistas opositores como los que dirigen Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, sino que también comenzaron a hacerlo los representantes "amigos" del Gobierno como Antonio Caló.

En medio de las pujas salariales que se presentan a sólo unos días de que cierre el año, muchos son los proyectos de ley que duermen en el Congreso a la espera de modificar los valores de las deducciones y cargas de familia de Ganancias.

Sin embargo, un reciente relevamiento realizado por iProfesional arrojó un dato sorprendente: tan sólo un 36% de las iniciativas que tienen estado parlamentario proponen montos que superan los $15.000 brutos que fijó el decreto 1242.

En efecto, si el último alivio firmado por la presidenta Cristina Kirchner fuera derogado, un 61% de las propuestas terminarían perjudicando a los empleados solteros que habían quedado eximidos del pago del gravamen. Es decir, que volverían a pagar si se convirtieran en ley en ese escenario.

Vale recordar que el decreto mencionado permitió que más de un millón de dependientes y jubilados que obtuvieron ingresos menores a $15.000 brutos dejaran de preocuparse por el impuesto, al tiempo que castigó a los trabajadores que quedaron "estigmatizados" y abonan pese a ganar menos de esa cifra en la actualidad.

Otra cuestión llamativa es que la gran mayoría de los proyectos fueron presentados entre el año pasado y el primer semestre (en los últimos meses apenas se cuentan con una mano). Es decir, que arrastran valores que tal vez el año pasado eran acordes pero hoy ya están desactualizados o están en vías de estarlo.

Más allá de eso la mayoría de las iniciativas proponen diversos beneficios que hoy no existen (como la posibilidad de deducir el valor de los alquileres), un ajuste en las escalas y la actualización automática de los valores fijados en la normativa, algo que es reclamado en la actualidad. Iniciativas por dentro

Los proyectos presentados no sólo fueron presentados por miembros de partidos opositores, sino que también existen algunas iniciativas impulsadas por el mismo Frente para la Victoria (FpV), aunque no son las que proponen un gran alivio.

En efecto, entre las que establecen deducciones y cargas de familia más altas se encuentran las de Julio César Martínez (UCR), Ivana Bianchi (Compromiso Federal), Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), Ángel Rozas (UCR) y Juan Schiaretti (Unión por Córdoba).

Por detrás, se encuentran las impulsadas por Elisa Carrió (CC-ARI) que fija un piso de $13.893 para empleados solteros y de $19.216 para casados con dos hijos, mientras que Ricardo Alfonsín (UCR) propone para el primer grupo un valor de $13.831 y $18.900 para el segundo.

Distinto es el caso de las propuestas de Silvia Elías de Pérez y Gerardo Morales (UCR) que establecen un mínimo de $20.000 que se aplica de manera indistinta, tal como lo hace en la actualidad el último decreto presidencial, aunque sin atarlo a un período determinado.

Lo mismo sucede en el caso de las iniciativas de los diputados Sergio Massa (Frente Renovador) y Roy Cortina (Partido Socialista), aunque en estos también fijan adicionalmente deducciones y cargas de familia para los que superen $19.590,36 brutos y $19.550 brutos, respectivamente.

Otras, como la presentada por los diputados del PRO Federico Pinedo y Federico Sturzenegger, establecen valores bajos para el caso de los empleados solteros, pero superiores a los actuales para los casados con hijos.

Esto también se ve reflejado en varios casos, como en las iniciativas impulsadas por los legisladores Stella Maris Leverberg (FpV), Juan Casañas (UCR) y Francisco De Narváez (Frente Peronista), entre otros.

Gran parte de los proyectos incluyen la actualización de las escalas que rige el artículo 90 de la Ley del gravamen, que fue modificada por última vez a fines de los '90 y que hace que sea cada vez más fácil abonar el tributo por las alícuotas más altas.

Algunas fueron exclusivamente presentadas para ello. Tal es el caso de las introducidas por Héctor Recalde (FpV) que llamativamente complementa la propuesta de Facundo Moyano, anteriormente aliado y hoy en la vereda de enfrente.

Otro de los destalles que también pueden encontrarse en el amplio listado de iniciativas es la que solicitan la actualización de los valores de las deducciones y cargas de familia por diversos índices, como ser un coeficiente que confeccione la AFIP (presentada por el radical Julio Martínez) o el de Variación Salarial publicado por el INDEC (impulsada por el macrista Jorge Triaca).

Por último, se pueden mencionar los que directamente reclaman la eximición de los salarios. Tales son los casos de los presentados por Lino Aguilar (Compromiso Federal) y el de Gerardo Millman (GEN).Un cambio necesario

Los especialistas consultados por iProfesional aseguraron que es necesario un cambio profundo en la normativa vigente, ya que la gran cantidad de cambios realizados en los últimos años terminaron desvirtuando el tributo.

Ganancias es una sumatoria de parches que pugnan por una estructura del impuesto con muchas falencias y contradicciones".

Según la visión del especialista, "sorpresivamente nos encontramos con sujetos del gravamen que bajo ningún punto de vista manifiestan la capacidad contributiva -necesaria para ser contribuyentes- y otros que han obtenido rentas millonarias no han contribuido con un sólo peso a las arcas del estado".

Para unificar un criterio lógico, Sasovsky indicó que habría que "definir un perfil de contribuyente que va a ser alcanzado por el tributo, en función de la verdadera capacidad económica para hacerlo cargo de la obligación" y esto es así debido a que "cuando colisionan el perfil del contribuyente con la falta de capacidad económica, se propicia la evasión".

"Esto es de una importancia superlativa para los tiempos actuales, en donde el fisco tiene la capacidad de conocer a todos sus contribuyentes y alcanzarlos de alguna forma", especificó, aunque aclaró que "lo que no debe propiciarse ni ahora ni nunca es que se definan y persigan contribuyentes fictos en base a un 'error' en la herramienta con la que llevamos a cabo la medición de la capacidad contributiva".

se ha convertido en un sistema complejo de liquidación y determinación y con algunas aristas claramente injustas y discriminatorias para el trabajador autónomo".

En este sentido, la especialista especificó que deberían tomarse varias decisiones a la hora de presentar un cambio en el gravamen, que giren en torno a determinar:

• Cuál es el importe que se va a considerar fuera del alcance del impuesto, es decir, qué ingreso neto es aquel que garantiza un sustento digno para cada persona y que debería ser equivalente al mínimo no imponible.
• Cuál es el monto que necesita una persona que tiene hijos o familiares bajo su cargo para solventar la carga económica que supone la existencia de cada una de sus "cargas de familia".
• Cuál es la progresividad que se le quiere dar al tributo, porque no parece existir esta característica cuando la tasa máxima aplica para ingresos netos mensuales de $10.000. Por ello, debería medirse cuántos contribuyentes se incorporan en cada etapa de la escala del tributo para tener un panorama claro de la efectividad progresividad actual y tomar una decisión a futuro.

"El tema de fondo, más allá de la aplicación del ajuste por inflación a los importes de deducción previstos por la ley del impuesto en el artículo 23 y que está suspendida desde la convertibilidad, es definir qué tipo de Impuesto a las Ganancias se quiere fijar en Argentina", concluyó.

En este sentido, Sasovsky señaló que "el problema entonces radica no sólo en las cuestiones del derecho de fondo, sino con las de forma, que terminan siendo tan o más importantes para el fisco que el propio peso de la ley, en donde la legislación de reglas precisas claras y que funcionen bajo una lógica de conflicto de intereses es lo que primero hay que resolver".

"En materia tributaria, la importancia de la información clara y precisa tiene una importancia superlativa, el principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución Nacional para la creación de impuestos no es otra cosa que la manifestación fáctica de la 'seguridad jurídica' y desconocer esto impide reconocer a los tributos, a los contribuyentes y hasta al propio fisco como tales", concluyó.