El Senado aprobó este miércoles por la noche y dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo.

El Frente para la Victoria se impuso por 39 votos a favor contra 24 negativos de la oposición.

La Cámara de Senadores comenzó minutos después de las 13.30 el debate en el recinto del proyecto enviado por la Casa Rosada que reforma de manera integral el Código Procesal Penal.

La iniciativa se propone el reemplazo del actual sistema inquisitivo, donde el juez investiga y juzga, a otro acusatorio adversarial donde toda la investigación corre a cuenta del fiscal.

Ahora el oficialismo apuntará a que la Cámara de Diputados sancione antes de fin de año la iniciativa que tuvo 42 modificaciones.

El Senado debatió siete meses sobre la reforma al Código Procesal Penal, primero en base a proyectos de legisladores y luego a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron procuradores, fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo y empleados municipales, señaló Parlamentario.com.

Ejes del proyecto

El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio -en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.

Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.

El texto original otorgaba amplias facultades a Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.

El proyecto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.

Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.

Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.

Otro de los cambios dispuestos en el plenario de comisiones fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti” y si el delito tiene una pena mínima de tres años.

La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.

El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.