La Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, a cargo de Virginia Carmona, solicitó un nuevo procesamiento para una serie de empresarios acusados de formar parte de una asociación ilícita que comercializaba soja en negro.

La maniobra investigada incluyó productores apócrifos, acopios y compañías de corretaje, que movieron $1.700 millones entre 2008 y 2012. El juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y los camaristas Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará dictaron la falta de mérito para los imputados debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no había determinado la deuda fiscal de las empresas involucradas.

A partir de un nuevo trabajo conjunto, el Ministerio Público Fiscal y el ente fiscalizador avanzaron en los requerimientos del juez, determinaron una serie de pasivos generados a partir de las operaciones supuestamente ilegales y profundizaron el análisis documental aportado por los allanamientos.

De la causa también surgieron vínculos directos entre los denunciados con empresas exportadoras, como Vincentin, Bunge y, en menor medida, Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina, señala Página/12.

“Los jefes u organizadores pergeñaron la creación de empresas fantasmas, que sólo existen en un plano documental, cuyos integrantes son prestanombres insolventes. A su vez, elaboraron un sistema destinado a contactar a productores reales, a quienes les compraron el cereal en el mercado marginal. Esta compraventa constituye el primer eslabón en la larga cadena de defraudaciones al fisco. La soja comprada en negro necesitó ser introducida al mercado lícito para poder llegar a la exportación. Aquí entran en escena ciertas empresas que son verdaderas, quienes en pleno conocimiento del origen clandestino del cereal convienen en aparecer como intermediarios. En la última etapa están los exportadores.” Esta es la descripción de la maniobra realizada por la fiscal Carmona en el nuevo auto de procesamiento fechado en agosto de este año.

El principal acusado es el empresario Fernando Luis Cuello. En los distintos allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba se encontró documentación que lo identifica como “ideólogo” de la operación. Las principales empresas APOC (acrónimo de apócrifa) vinculadas con Cuello son Algeciras SA y Corretajes Group. La otra APOC relacionada a la causa es FG Cereales, mientras que las “intermediarias”, es decir las encargadas de blanquear la operación ilegal, según la descripción de la fiscal, son Cercal SRL (antes Luis Farías e Hijos) y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes, señala el matutino.

“Este tipo de maniobras se repite a lo largo del país en las zonas de alta producción rural, principalmente soja. Este mecanismo ha sido utilizado como un modo de evadir impuestos y defraudar al fisco que se replica y va perfeccionándose a medida que el órgano de control y el Poder Judicial avanzan en la dilucidación de los extremos pergeñados por los sujetos activos. Esta causa se destaca por los movimientos multimillonarios que lograron obtener sus intervinientes, lo que les permitió, lavado de activos de por medio, ir aumentando sus negocios”, sostiene el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

La AFIP determinó que la deuda de Cercal SRL, la empresa de Farías, ascendía a $4,2 millones, en concepto de IVA, para el período que va de enero de 2009 a mayo de 2012, y a 664.682 pesos en concepto de Ganancias. La deuda imputada a Diego Ludueña, como “accionista” de la apócrifa Corretajes Group SA, vinculada con Cuello, llegaba a $20,3 millones de pesos en Ganancias y otros $12,2 millones por IVA. Y la empresa FG Cereales, otra apócrifa integrada al esquema montado por Cuello, tendría una deuda de $2,4 millones en Ganancias y otros $4,1 millones en IVA.