La Justicia allanó la Inspección General de Justicia, el organismo que controla todas las sociedades y está bajo control de La Cámpora.

“Se llevaron el legajo de la empresa Hotesur (perteneciente a la presidente Fernández de Kirchner) y los originales de los balances presentados”, dijeron al diario Clarín fuentes del organismo. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Metropolitana.

Oficialmente, el organismo dijo a través de un escueto y confuso comunicado que “hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)”.

Según el comunicado, la IGJ también “hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha sociedad”.

La diputada Margarita Stolbizer denunció que Hotesur no presentó sus últimos balances, no informó sobre la renovación de sus autoridades, e incluso adeuda las tasas. Estas irregularidades debería haber detectado la IGJ.

El organismo está a cargo desde hace un mes del abogado camporista Diego Martín Cormick, quien responde a Ernesto Kreplak, ideólogo del cepo informativo que se dispuso cuando estalló el caso Ciccone.

Desde 2012, Kreplak es titular de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, que controla ambos organismos. Llegó a ese cargo de la mano de otro integrante de La Cámpora, el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

La conducción de la IGJ pasó por varias manos en los últimos años. Marcelo Mamberti arribó al cargo de la mano del hoy senador Aníbal Fernández. Lo reemplazó Norberto Berner, quien actualmente conduce la secretaría de Comunicaciones. Antes de Cormick estuvo Rodolfo Tailhade, quien renunció para impulsar su carrera política.

En manos del camporismo, el organismo fue blanco de numerosas denuncias judiciales. La más reciente tiene que ver con presuntas irregularidades en el legajo de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone Calcográfica.

La IGJ también fue cuestionada por el manejo de la documentación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo tras el escándalo de los hermanos Schoklender.