El secretario de Justicia de laNación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó este jueves un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por "extorsionar" a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.

"Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa", sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.

El viceministro de Justicia hizo esta denuncia minutos después de conocerse que Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Kirchner; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez. 

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.

Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.

El viceministro anunció la presentación del nuevo juicio político contra Bonadio en el marco de un áspero debate del Plenario del Consejo de la Magistratura, en el cual el representante de los jueces Luis María Cabral intentó objetar la exposición de Álvarez.

El diputado correntino por la UCR y representante de los legisladores Gustavo Valdéz pidió la palabra para destacar que él no se sentía "condicionado" ni "extorsionado" por el juez Bonadio.

El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de "mal desempeño en sus funciones", pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como "extorsión" y "protección" que podría constituir delitos.

Álvarez consideró que con el allanamiento ordenado este mediodía por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Kirchner y miembros de su familia "está extorsionando al Consejo de la Magistratura", que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.

El funcionario sostuvo que Bonadio "tiene 69 denuncias" en el Consejo "de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo".

"Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación", disparó.

Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque "no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach" ya que, sostuvo "responde a él".

Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio "es una cuestión institucional grave" y lo definió como "uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina".

Por otra parte, Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, quedó a cargo de la denuncia que elevó el senador kirchnerista Carlos Fuentes en contra de Bonadio (en la foto) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia del oficialismo en contra del magistrado que investiga a la Presidenta se dio un día después de que Cristina Kirchner acusara a Bonadio de formar parte de una sociedad con irregularidades administrativas.

La nueva pelea entre el Gobierno y el juez federal se dio luego de que el funcionario judicial ordenara el allanamiento a la empresa Hotesur, vinculada a la familia presidencial en función de los hoteles que posee en la Patagonia.

Esta acción puso a Bonadio en el blanco de las críticas oficialistas. Funcionarios del gabinete, legisladores y dirigentes de toda índole dentro de ese espacio acusaron al juez de ser la punta de lanza de una campaña en contra de Cristina Kirchner en la que también incluyen a opositores y medios de comunicación.

La acusación del senador Fuentes se apoya en la información que divulgó la mandataria por Twitter respecto a la sociedad que integraría el magistrado (MANSUE S.A.), que tendría irregularidades administrativas similares a las detectadas en Hotesur.

Según Fuentes, Bonadio no podría formar parte de esa empresa, dedicada a la venta de combustibles y en la que tiene una participación del 20%, ya que el reglamento para la Justicia nacional no les permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, que en este caso es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La prestación manifiesta que la firma no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y agrega que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado.

Es por todo ello que Fuentes pidió que se investigue la evolución patrimonial del juez para determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. Y entre las medidas que requirió figura que se dé intervención a la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.