El fiscal Eduardo Taiano impulsó una denuncia del abogado marplatense Andrés Barbieri, quien acusó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de llevar adelante una política de "hostigamiento tendiente a disciplinar fiscales". 

La denuncia -radicada en juzgado federal 12 a cargo de Sergio Torres- se centra en el caso del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien tuvo intervención en un caso en el que se investiga a integrantes de lo que fue la ortodoxia peronista en hechos de violencia previos al golpe de 1976 ocurridos en la ciudad balnearia.

Los miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo de la derecha peronista, están procesados, algunos de ellos detenidos, por crímenes cometidos antes de la dictadura. Y en camino hacia un juicio oral y público.

Se los acusa de haber asesinado a militantes de la Juventud Peronista, el ala izquierda del peronismo por aquel entonces. Hay testimonios de militantes de los 70 que señalan que el dirigente sindical Hugo Moyano también tuvo participación en los grupos de la CNU.

El fiscal Pettigiani dictaminó que aquellos hechos no constituían crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto estaban prescriptos. Barbieri, abogado de Roberto Coronel, uno de los procesados y abogado del sindicato de Camioneros en Mar del Plata, denunció que por ese dictamen se inició una persecución a Pettigiani.

La denuncia de Barbieri señala que Pettigiani, hijo del juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires Eduardo Julio Pettigiani, no interviene en los casos de lesa humanidad luego de haber sido recusado por organismos de derechos humanos.

Pettigiani ratificó que fue perseguido cuando reveló que fue objeto de un sumario disciplinario hecho por la Procuración por el que fue sancionado.

El denunciante cargó contra Gils Carbó por este caso y por otros más y señaló que "se han transgredido todas las normas legales que hace al procedimiento de designación y remoción de fiscales, que se ha instaurado desde la Procuración General un perverso mecanismo tendiente a perseguirlos y disciplinarlos vulnerando la independencia funcional de los representantes del Ministerio Público".

Barbieri se presentó ante Torres y ratificó la denuncia. Una vez que eso sucedió, el fiscal Taiano dictaminó por abrir la investigación. A Gils Carbó en este caso, se la investiga por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.