A casi tres meses de la sanción de la nueva Ley de Abastecimiento, el grupo empresarial conocido como el G-6 finalmente presentará este martes su denuncia judicial para declarar "inconstitucional" la norma aprobada por el Congreso Nacional en septiembre.

Lo hace el mismo día que comienza la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, en el que desfilarán todos los candidatos presidenciales y será cerrado por la presidenta Cristina Kirchner.

El documento judicial ya fue firmado por los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere; de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, y el vicepresidente de esa entidad Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito; y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekian.

Según el diario La Nación, el escrito tiene unas 150 páginas. Allí se afirma que las "abusivas" facultades que la ley entrega al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Comercio, así como el hecho de que la ley no contiene parámetros concretos, hacen que la norma misma "genere una amenaza creíble" para todas las empresas.

Además, indica que "basta con que un funcionario considere que un aumento de precios es injustificado para que caigan sobre la empresa multas, clausuras, allanamientos, secuestro y venta de su mercadería y un largo rosario de sanciones", que "colocan a toda la actividad económica del país bajo el riesgo concreto de una intervención del Estado" y "viola la Constitución Nacional".

Desde su sanción en el Congreso, el 18 de septiembre, el Gobierno aún no aplicó la norma en concreto e intentó convencer a las entidades empresariales de no presentarse en la Justicia.

"La expectativa es que se declare inconstitucional, como dijimos en su momento en el Congreso", declaró el lunes el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, por Radio Mitre, y agregó "se está atacando a través de esta ley la propiedad privada y la posibilidad de asociarse para ejercer industria lícita".

"También hay una delegación de facultades judiciales en el Legislativo. Se da un absurdo de que si una empresa de la presidenta de la Nación no presenta balance durante tres años, la pena grave que se le aplica son tres mil pesos. Pero si un productor agropecuario juzgado por la Ley de Abastecimiento no vende soja o no vende un lote de novillos, y el secretario de comercio interior con facultades judiciales entiende que es una retención especulativa, le puede poner una multa de hasta diez millones de pesos e inhibirlo para ejercer el comercio durante cinco años", ejemplificó Etchevehere.

En este sentido, el titular de la SRA expresó que los empresarios apuestan sus fichas a un potencial cambio de gobierno en 2015.

"Tenemos que lograr un compromiso para que a partir de las próximas elecciones, gobierne quien gobierne, se solucionen los problemas de fondo", arrancó.

Para el Gobierno es "una conducta mafiosa"El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tildó la decisión empresarial como "una actitud vergonzosa", y acusó a los miembros del G-6 de "conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo".

"Defienden una renta extraordinaria que pretenden hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Que lo hagan en términos de presentación judicial, es lisa y llanamente aceptar que son culpables del proceso de formación de precios, que son responsables directos de la inflación", fustigó.

El ministro coordinador defendió la norma al alegar que "regula las relaciones de producción y de consumo", busca "proteger el eslabón más débil de la cadena" y a la vez "verificar los procesos de concentración económica, que es un factor que genera precios distorsivos, lo que tiene un impacto inflacionario".

El funcionario dijo que los miembros del G-6 "no pretenden ningún marco regulatorio, porque son los formadores de precios y son los que destruyen a la pequeña y mediana empresa en la Argentina".

La respuesta del sector empresarial no tardó en llegar. 

"Estamos pagando Impuesto a las Ganancias ficticias, y así se está frenando la economía. No se invierte y no se generan nuevos puestos de trabajo", dijo Etchevehere en referencia a las declaraciones por Capitanich.

"Tenemos que salir de esta lógica de tener una crisis cada 10 años porque volvemos a repetir los mismos errores. Y depende exclusivamente de nosotros", continuó el dirigente rural, en referencia a los próximos comicios presidenciales. 

También el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se expresó este lunes contra la Ley de Abastecimiento: "Acá hay una cuestión que tiene que ver con la división de poderes. Creemos que hay un exceso de facultades concentradas en el secretario de Comercio", Augusto Costa.

"Un cambio requiere las determinadas mayorías parlamentarias para que esto se instrumente", continuó Urtubey por radio la Red. 

Créditos a productoresEtchevehere también se pronunció al respecto de las nuevas exigencias que impuso el Banco Nación para el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

Hace semanas, mientras los productores se preparaban para iniciar la próxima siembra de soja, las entidades rurales recibieron un comunicado en el que se indicaba que no se otorgaría financiamiento a quienes retuvieran existencias de la oleaginosa en su poder. 

"Hay una discriminación a los productores de soja ya que el Banco Nación, invirtiendo la carga de la prueba, le exige al productor de soja que traiga un certificado de la AFIP donde demuestra que no tiene un solo grano", explicó el titular de la Sociedad Rural.

"Esto es tan absurdo que el productor tiene que vender los granos que guardó para volver a sembrar o hacer un canje por algún insumo, para poder tener un descubierto, un crédito o utilizar la tarjeta Agro Nación.", agregó y advirtió que a la vez "es una resolución que perjudica al mismo Gobierno, porque impide que se siga trabajando".