En enero se termina el acuerdo de las provincias y el gobierno nacional para mantener congeladas las tarifas de energía eléctrica y las empresas distribuidoras comienzan a anunciar aumentos de hasta un 30% a partir de enero en el interior del país.

La suba se repartirá en tandas para evitar que la molestia de los consumidores termine por frenarlos con medidas cautelares, como ocurrió en algunas provincias con los aumentos en el gas, según informó el diario La Nación.

Santa Fe fue ya anunció el ajuste. La Empresa Provincial de Energía (EPE) dispuso una suba de 27% desde enero, que se notará en las facturas que vencen en marzo. Lo mismo pasará en Entre Ríos, que a partir del mes próximo incrementará 20% las tarifas.

Edesal, la compañía eléctrica de San Luis, pidió una suba de 30%, similar a la que reclamaron la cordobesa EPEC y la distribuidora de Tucumán (EDET).

En Buenos Aires, la gobernación de Daniel Scioli tiene en estudio un aumento, pero todavía no se sabe qué sucederá con Edenor y Edesur.

En la zona norte y noroeste del país tienen la misma intención.

En varias provincias estimaron que los aumentos deben comenzar cuanto antes para establecer un sendero de precios, de manera que el impacto total de los ajustes sobre la factura no se note de inmediato y permitan digerirlos mejor.

Las empresas tomaron nota de errores recientes, como cuando el Gobierno dispuso este año aumentos en el gas -que en algunos casos superan el 600%- y fueron frenados en la Justicia.

Con costos en aumento y ajustes de tarifas que no alcanzan a cubrirlos, las empresas distribuidoras tienen un déficit cada vez mayor. Esa es una de las razones, aducen, por la que dejaron de pagar a Cammesa (la empresa administradora del mercado y la que les provee la energía) por la electricidad que venden.

El EPEC debe $2.800 millones; Edelap, $660 millones, y la chaqueña Secheep, que hasta el año pasado fue piloteada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, $320 millones. Están todavía lejos de las más endeudadas, las metropolitanas Edenor con $6.250 millones y Edesur con $5.700 millones.

En total, la deuda de todas las distribuidoras con Cammesa superó en noviembre los$18.000 millones y preocupa a las empresas, porque afecta de manera directa en sus balances.

El fracaso del congelamiento de tarifasEn enero vence el Programa de Convergencia Tarifaria suscripto entre todas las provincias y el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido.

Surgió desde esa cartera a principios de este año con una idea precisa: los gobernadores se comprometieron a no tocar las tarifas de luz por 12 meses y, a cambio, Nación les financiaría obras millonarias para mejorar la infraestructura eléctrica.

Para los gobernadores, ese plan no funcionó. Aunque las tarifas no aumentaron, se demoró el giro de los fondos para obras por parte del Gobierno, que según los funcionarios provinciales quedaron enredados en una maraña burocrática.

La encargada de supervisar las obras y avalar cada certificado emitido es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se quedó con una adjudicación directa hecha por Planificación a cambio de casi $1,5 millones por su trabajo.

Buenos Aires, originalmente una de las mayores beneficiadas con la promesa de fondos, hasta ahora sólo recibió el 20% de los 600 millones de pesos comprometidos en una primera etapa. En su concesión están las empresas EDEN (zona norte), EDES (zona sur) y Edelap (La Plata).

Otras provincias que tiene decidido aumentar las tarifas a partir de enero negocian con la secretaria de Energía, Mariana Matranga, una extensión del plazo de gasto debido a los retrasos en la aprobación de las certificaciones y las demoras que eso implicó sobre las inversiones.