Una señal, apenas una señal, pero que puede ser de enorme importancia provino de altos funcionarios de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y estuvo dirigida a los abogados de la Argentina y de los fondos buitre.

El mensaje fue que si las negociaciones entre ambas partes avanzan en enero, los dos fallos que deben tomar a partir de las dos últimas audiencias de este mes podrían retrasarse o adaptarse al acuerdo eventual al que lleguen las partes.

Así se lo hicieron saber a los profesionales que defienden a la Argentina Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), y a Ted Olson y Mathew McGill, representantes de los fondos buitre NML Elliott y Aurelius, que sostienen la demanda contra el país.

Las partes se cruzaron dos veces en ocho días en las últimas semanas, por dos acusaciones diferentes, que podrían modificarse radicalmente en el caso de avanzar eventuales negociaciones entre las partes.

La primera fue el 10 de diciembre pasado, cuando los jueces de segunda instancia escucharon las acusaciones de los fondos buitre por el reclamo de posibilitar embargar fondos que la Argentina tiene depositados en los Estados Unidos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ese día, Olson había acusado a la entidad que maneja Alejandro Vanoli de ser una "caja financiera" y la "alcancía" del Gobierno de Cristina de Kirchner, mencionando que la reforma de la Carta Orgánica de la entidad de 2012 avala el planteo de avanzar sobre los embargos al dinero que la entidad tiene depositado en los Estados Unidos.

Por su parte, los abogados que defendieron a la entidad afirmaron que esa legislación no representa ningún "hallazgo nuevo" que modifique la decisión judicial de julio de 2012, por la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la Argentina dictando la "inembargabilidad" de este tipo de depósitos en el sistema financiero norteamericano. 

El miércoles pasado hubo una segunda audiencia, en este caso para escuchar otra demanda de los fondos buitre, en este caso a partir de un reclamo para la aplicación con un alcance máximo de la cláusula "Discovery", avalada en junio pasado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que autoriza a los jueces de ese país a ordenar publicar el dinero que el Estado argentino tuviera depositado en cuentas norteamericanas.

Los fondos buitre reclaman a la Justicia de EE.UU. que el alcance de la "Discovery" sea el máximo posible, incluyendo la publicidad del dinero y los bienes físicos que mantengan en Estados Unidos no sólo el Estado argentino, sino además agentes diplomáticos funcionarios y militares. Nuevamente la Argentina rechazó este pedido, argumentando que la avalan leyes internacionales como la Convención de Viena, que protege los bienes de los representantes de un país en otro y las leyes de secreto bancario vigente en EE.UU.

Según el guiño que se les dio a las partes al finalizar la audiencia del miércoles 17, si hay negociaciones desde enero en el bufete de Daniel Pollack, avaladas por el juez Thomas Griesa, la decisión podría retrasarse o emitirse una enmienda que aclare que la aplicación de la medida dependerá del resultado de esas negociaciones.

Esta última decisión, para determinar si favorece la posición argentina o la de los fondos buitre, dependerá de los fallos. Más concretamente, si la Cámara avala los pedidos de los fondos buitre de avance sobre bienes del BCRA y de diplomáticos y funcionarios. Si es así, será una espada de Damocles más para presionar al país por una negociación más favorable a los fondos buitre.

Según Ambito, hay otro fallo que también puede depender del avance o no del diálogo entre las partes en enero. Se trata de la resolución del "desacato" dictado por Griesa hace un mes y que, en su ejecución concreta, está en suspenso por parte del juez neoyorquino.

Esta decisión del magistrado está cruzada además con la resolución que debe tomar sobre qué hará con los u$s 539 millones que están aún depositados desde junio pasado en una cuenta del Bank of New York Mellon (BONY), en un limbo determinado por el juez, impedidos de utilizarse para cancelar el pago del Discount que derivó en un default "técnico"; o, por el contrario, susceptibles de ser embargados por el juez para comenzar a pagarles a los fondos buitre por su fallo de 2012 ratificado este año por la Corte de EE.UU.

Griesa también espera la evolución del diálogo en enero, en caso de que lo haya y éste sea positivo (al menos esn las formas), para determinar si profundiza las sanciones al país o las mantiene en suspenso hasta ver los resultados de las negociaciones de 2015.