Lejos de llegar a su fin, el escándalo por facturas truchas que tiene como protagonista al empresario kirchnerista Lázaro Báez cobra día a día mayor dimensión. 

En esta oportunidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- afirma que tiene elementos en su poder para suspender la actividad económica de la principal firma de Báez. 

Las pruebas demuestran que Austral Construcciones habría utilizado facturación apócrifa de una empresa proveedora para evadir millones de pesos en impuestos.

Son facturas, cheques, certificados, balances y declaraciones juradas que revelan cómo operó la nave insignia de Lázaro Báez junto a la empresa de Bahía Blanca, Grupo Penta, investigada desde más de tres años por la AFIP como usina de facturas truchas, pero cuyo avance en el órgano recaudador se demora sugestivamente.

Si la AFIP reconoce a Grupo Penta como una usina de facturas apócrifa, la decisión repercutiría directamente sobre Austral Construcciones: podría sumar una nueva denuncia penal en el fuero tributario y afrontar graves consecuencias económicas, según publicó el diario Perfil. 

Se trata de la empresa más beneficiada por la obra pública de Santa Cruz y la sociedad comercial propiedad del socio de los Kirchner. 

ContradiccionesEn 2010 Lázaro Báez contrató a Penta para la ampliación de la Ruta Provincial Nº 39 de Santa Cruz. El trayecto conecta la ciudad de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. El acuerdo entre las dos empresas establecía que "la totalidad de mano de obra, equipos, plantel y herramientas para realizar los trabajos convenidos" quedaba a cargo de Grupo Penta SA; y Austral Construcciones se encargaba del combustible y las viandas.

Dos certificados contables de la empresa de Báez contabilizan que en mayo de 2010 se pagó a Grupo Penta $347.729 por el movimiento de suelo y de ripio con maquinaria, combustible por 13 mil litros, 177 desayunos, 209 almuerzos y 164 cenas para los empleados. Un mes antes se pagó un monto menor ($98.726) por ítems similares. En total, Grupo Penta emitió ese año facturas a Austral Construcciones por casi $2.300.000. 

Lo insólito es que la empresa de Bahía Blanca no declaró empleados, ni maquinarias viales en sus balances, tampoco en sus declaraciones juradas ante AFIP y admitió tener un modesto patrimonio de dos camionetas pick-up L-200, una impresora Epson y un carro de gas oil con bomba de 4.000 pesos.

Más pruebas

Desde la Uocra, el sindicato que nuclea a los obreros de la construcción de todo el país, reconocieron que Penta tuvo recién en 2011 cinco empleados, uno de ellos, el hijo del dueño Silvio Ficcadenti.

¿Por qué Austral Construcciones declaró haberle pagado a una empresa miles de pesos por empleados que no tuvo? ¿Se trata de una maniobra de lavado? ¿Por qué Grupo Penta en su declaración jurada de 2009 y 2010 ocultó las operaciones financieras con Austral? ¿Grupo Penta aceptó falsear facturas a favor de una reducción impositiva de la empresa de Báez? Las preguntas todavía siguen sin respuestas en los organismos oficiales.

A mediados de este año, Grupo Penta se presentó ante AFIP para ejecutar un plan de 24 cuotas para regularizar la situación tributaria. Se pagó la primera cuota de $500.000. Y la segunda cuota sigue impaga pese a que ya venció. El plan para regularizar la deuda puede caerse el próximo mes. A ningún organismo oficial le despertó curiosidad saber de dónde sacó medio millón de pesos una empresa con cheques rechazados por 40 mil pesos, con cinco empleados e inactiva desde 2012.

La historia comenzó el 4 mayo de 2011 cuando la regional de la AFIP en Bahía Blanca intimó por nota Nº 03100020130996904 a Grupo Penta -proveedor de Austral Construcciones- para que entregue libros de IVA, ventas y compras desde enero de 2009 hasta marzo de 2011, copia de los balances y un listado de clientes y proveedores.

El organismo recaudador tenía graves sospechas de que había facturación apócrifa detrás de la firma que trabajaba para Báez. Insólitamente, Grupo Penta adujo que toda la documentación contable había sido robada del baúl de un automóvil Volkswagen Golf patente ULB 880 que usaba el hijo de Silvio Ficcadenti. Las coincidencias existen. El incidente ocurrió dos meses antes de la inspección. Nadie investigó el misterioso robo.

Sólo un año después de iniciada la investigación del organismo contra la proveedora de Austral Construcciones hubo un sospechoso movimiento. Ricardo Echegaray dispuso bajar de categoría a la oficina de la AFIP de Bahía Blanca y terminó reubicada como una "agencia" a cargo de Mar del Plata. Se desarticuló el área de Fiscalización.

Desde la AFIP confirmaron que "se continúa fiscalizando la empresa" de Bahía Blanca, y se excusaron de brindar más detalles para evitar la violación del secreto fiscal. Y remarcaron en todo momento que "no hay privilegios para nadie en la AFIP, cualquiera sea el contribuyente será castigado sí así

debe ser".