El juez español José Castro anunció este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y decidió que la hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina de Borbón, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.

El magistrado instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que un tribunal decida los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido.

El juicio oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma.

Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria.

La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.

Castro cerró la instrucción después de cuatro años, tras los cuales mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta.

Los tres magistrados del tribunal de segunda instancia coincidieron con las tesis del juez instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.

El juez no hizo caso a las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón.

Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.

El juez Castro interpretó, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey.

El juez pidió que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14,957 millones de euros, y para su esposa reclama que pague 2,697 millones de euros.

El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.

Cristina de Borbón protagonizó desde 2013 –y desde su declaración ante el juez como imputada de febrero de 2014- gran parte de las informaciones sobre el caso Urdangarin también llamado caso Nóos.

El asunto judicial se abrió en 2010 para investigar la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por Urdangarin y Torres, a través del Instituto Nóos.

La lupa escrutadora se centró en la presencia de Cristina de Borbón en la junta de Nóos y, especialmente, en su papel de copropietaria con su marido de la compañía Aizoon en la que se drenaron cantidad supuestamente defraudadas.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a acusaciones por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo de capitales.