Luego que el 23 de diciembre pasado la Cámara de Apelaciones de Nueva York habilitó la cláusula Discovery, los jueces de los Estados Unidos pueden identificar activos físicos y financieros de funcionarios, militares y diplomáticos argentinos, lo que eventualmente posibilitaría avanzar en embargos de dichos bienes.

Esto forma parte de otra batalla en el conflicto judicial que mantienen los holdouts y el Gobierno argentino. Así, el fondo buitre NML Elliott buscará acelerar la presentación judicial que hizo en julio pasado, donde apelaba a que cuando la cláusula Discovery estuviera habilitada puedan avanzarse en su aplicación sobre eventuales fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron para cobrarse el fallo a favor del juez Thomas Griesa.

Para la Argentina, avalada por la opinión de los abogados Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), la presentación de Elliott sería imposible de tener en cuenta y de fácil apelación. Sin embargo, se sabe, la intención sería complicar aún más la situación del país y hacer las posibles negociaciones de enero más complicadas, sostiene Ámbito Financiero.

A comienzos de aquel mes, el abogado Ted Olson, que representa al fondo buitre de Paul Singer, había concretado el paso más polémico contra la Argentina y el país, aunque de legalidad dudosa, en los tribunales de California. La intención era que cuando se pudiera legalmente comenzar a investigar los activos del país y eventualmente presentar su publicación, esos datos se los deriven al juez Thomas Griesa para que sea el quien defina si luego esos fondos son o no embargables.

Desde la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York del martes pasado, Elliott ya está habilitado para presentarse ante la Justicia californiana y avanzar con la cláusula Discovery sobre YPF-Chevron.

Si finalmente tiene éxito o no dependerá de los jueces locales. Se verá en los primeros días de enero de 2015, cuando el fondo Elliott presione a la Justicia por una definición. La decisión dependerá del juez Jeffrey Steven White, magistrado de primera instancia del distrito norte de California, donde por sorteo se radicó la denuncia de Elliott.

En la presentación de julio, la intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina.

En el medio, Elliott busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.

La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente alejándose del océano Pacífico; precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia.

La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio.

Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron, o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.

Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos.

Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a un juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. De esto habla la cláusula Discovery.

La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D. N. Hess) el abogado del estudio de Olson en California, es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s2.040 millones ya desembolsados (de un total de u$s8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de shale oil en Neuquén.

Si ese dinero esté en las arcas de la petrolera argentina o de la empresa norteamericana, tendría que ser parte de los millones de dólares con los que el país debería responder por no haber concretado aún el pago de los u$s1.330 millones del fallo de 2012 (en la actualidad superarían según el cálculo de Elliott los u$s1.600 millones), en tiempo y forma.

Para poder avanzar necesitarían que Griesa determine que ya es tiempo para comenzar a embargar, empezando por los u$s 539 millones que el país ya depositó al Bank of New York Mellon (BoNY) para responder por el vencimiento del 30 de junio pasado por el Discount que debe pagarse como fecha límite el 30 de julio.

Obviamente en este caso, para los abogados que representan al país del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), habría más que un argumento sólido para defender la posición del país comenzando por la explicación que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance además sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular.

Sobre todo, teniendo en cuenta que el dinero fue de Chevron a YPF y no al revés. Sin embargo, lo que también se reconoce, sería inevitable que el país comience un nuevo juicio contra el fondo buitre. Esta vez sería en la otra costa, la del Pacífico.

Demuestra Elliott con esta embestida muchas cosas. La primera es que el fuerte de este fondo buitre no es la inversión o la capacidad de ganar dinero generando diferencias de rentabilidad en opciones dentro de los mercados de capitales sino que la especialidad de la casa es litigar en cualquier terreno posible. Para esto tienen más especialistas abogados que analistas financieros. Se demuestra también que el "expertice" de Paul Singer y su fondo, es avanzar sobre embargos en cualquier tribunal del globo.