Apenas venza la ya famosa cláusula RUFO, el gobierno le ofrecerá a los fondos buitre la reapertura del canje en las condiciones de 2010, que en la práctica fue menos ventajoso que el cerrado en 2005. A ello se suma la posibilidad de no cerrarlo en el tiempo, sino que dejarlo abierto "in eternum".

En la práctica, ello implica que Axel Kicillof llevaría al bufete del special master lo mismo que ya había sido rechazado por los demandantes a fines de julio de este año, y que llevó a que se rompieran las relaciones hasta fin de este año.

Desde el viernes, ya sin la vigencia de esa cláusula, la situación no cambiará, y lo que desde la Argentina se llevará a la mesa de negociaciones (se supone en la segunda o tercera semana de enero en Nueva York), no cambiará.

Esto fue lo que la propia presidente Cristina de Kirchner ordenó ya desde su convalecencia en Olivos, ante la consulta de varios de los funcionarios del Ministerio de Economía que tendrán que desarrollar ahora la estrategia negociadora, junto con los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representan al país.

Obviamente no se sabe hoy si ésta será una posición de máxima ante los acreedores, pero sí se sabe que lo que hay que esperar es que a partir de esta posición, cualquier posibilidad de acuerdo se dilate, y que algún tipo de solución posible demandará varias semanas, quizá meses, en ver la luz. Dos circunstancias hicieron que la jefa de Estado diera estas órdenes.

La primera fueron las declaraciones que Jay Newman, quien defiende la operación de haber comprado bonos al borde del default en noviembre de 2001 y ahora pedir la totalidad del pago según los criterios del juez Thomas Griesa, lo que implica que, de cumplirse esa liquidación, los fondos buitre ganarían más del 2.500%.

La segunda situación que determinó la decisión presidencial es que más del 60% de los argentinos apoya la manera en que el Gobierno está llevando adelante "la defensa de los intereses nacionales" durante el "juicio del siglo", contra los fondos buitre. Este dato, ante un año electoral, resultó determinante para sostener una posición firme ante el despacho de Pollack, según consigna Infobae.

Ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ratificó esta posición, asegurando que "la estrategia del Gobierno es siempre la misma, lo que transmitió la Argentina es que pretende condiciones justas y equitativas para el 100 por ciento de los bonistas".

Sobre los dichos de Newman, el jefe de Gabinete respondió que "no vamos a aceptar extorsiones y vamos a respetar escrupulosamente la Constitución".