El Banco Central abrió nuevos interrogantes sobre el manejo de sus reservas luego de salir a responder la denuncia presentada por Federico Sturzenegger, en la que el diputado macrista acusa al Gobierno de ampliar la emisión de pesos de manera ilegal y violar la Carta Orgánica de la entidad que preside Alejandro Vanoli.

La denuncia de Sturzenegger indica que desde octubre el Ministerio de Economía y el Banco Central están implementando prácticas que violan la ley de presupuesto sorteando los límites a la emisión impuestos al Banco Central por su propia Carta Orgánica.

Según el diputado, "esta práctica deja abierta la puerta a una emisión monetaria sin límites, con lo que la sociedad queda expuesta a una inflación creciente".

En un comunicado, el legislador sostuvo que "el Banco Central recibe del Gobierno una Letra Intransferible, que la ley le exige que lo considere un activo duro como si fuera oro o divisas. De hecho el Banco Central le paga al Gobierno por este papel con dólares de sus reservas. Según la Ley de Presupuesto, estos dólares pueden ser usados para pagar deuda o gastos de capital -por ejemplo, podrían usarse para pagar trenes chinos- siempre y cuando no se conviertan a pesos, justamente, porque hay límites a la emisión".

"Sin embargo el Gobierno, el 1 de octubre -paradójicamente el último día de Juan Carlos Fábrega en el Central- tomó una Letra Intransferible y automáticamente le revendió los dólares al Banco Central generando una emisión monetaria no permitida. La operatoria se repitió en noviembre. Los montos emitidos en octubre en violación de la normativa serían de 12.000 millones, y en noviembre de unos 10.000 millones", detalló el legislador del PRO según el sitio La política online.

Resoluciones que hablanLa primera reacción del Gobierno tras la denuncia de Sturzenegger, difundida el 30 de diciembre pasado, fue la del silencio.

Pero con la publicación de dos resoluciones administrativas en el Boletín Oficial, el último día de 2014, el Gobierno confirmó que hizo uso de la totalidad de los recursos que le habilitaba el presupuesto para cumplir con los pagos de la deuda en moneda extranjera, según La Nación.

Esas normas dispusieron la emisión de dos nuevas Letras del Tesoro (Letes) por 12.898 millones de dólares para ser "compradas" por el Banco Central (BCRA), a cambio de la cesión de reservas que, por el mismo monto, hizo al Fondo de Desendeudamiento creado en 2010 por el Poder Ejecutivo para atender los pagos de la deuda en divisas.

De esta manera, confirmó que usó la totalidad de esos recursos, pese a que los pagos de la deuda pública en moneda extranjera finalmente resultaron inferiores, entre otras cosas por la revisión a la baja del crecimiento que la economía registró en 2013 (del 4,9 al 3%). Ese sinceramiento le permitió ahorrarse el pasado 15 de diciembre un servicio de renta por el cupón del PBI (que acompañó a los títulos emitidos para reestructurar la deuda en 2005 y 2010) estimado en casi US$ 4000 millones.

Con las resoluciones quedó en evidencia que el Gobierno dio otro uso a esos fondos que habían quedado "ociosos", como denunció Sturzenegger, que sospecha que el Tesoro habría usado esos recursos para financiar "gastos corrientes" y disimular al menos una parte del déficit fiscal, al haber alcanzado ya en noviembre los límites de asistencia monetaria en pesos que, por vías legales, puede entregarle el BCRA.

La respuestaEl Gobierno abandonó el silencio y envió al diputado Carlos Heller a denostar la denuncia de su par del PRO.

"Son los dólares de las reservas que se destinan a pagar la deuda, y cuando aprobamos el Presupuesto se dijo que lo que no se utilizara para pago de deuda podía ser utilizado para pago de bienes de capital. Como no se pagó el cupón PBI porque no se llegó al crecimiento que la emisión del cupón establece, ahí hubo un excedente de dólares que no se utilizaron para pagar deuda y que el Estado ha utilizado para otras inversiones, por caso miremos solamente los trenes que se han comprado y le encontraremos fácilmente una explicación virtuosa a lo que se ha hecho", señaló Heller.

Pero como la explicación de Heller no fue suficiente, el Banco Central debió emitir un comunicado en el que aclara "que se cumplió durante el año último con el conjunto de normas en vigor en materia de financiamiento al Tesoro" y que "en consecuencia, no tienen asidero o fundamento alguno determinados comentarios o denuncias sobre violación a la normativa mencionada".

La entidad monetaria recordó que "el Fondo de Desendeudamiento Argentino fue creado por el Decreto N° 298 del 1° de marzo de 2010, habiendo sido autorizado su uso en el Art. 50 de la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2014".

El artículo 260 del Código Penal establece que "Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída".

El Central señaló que la Ley de Presupuesto requiere que el uso del Fondo "disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses", al tiempo que establece que, "en caso de resultar un excedente y siempre que tenga efecto monetario neutro, dicho excedente del Fondo de Desendeudamiento puede destinarse a financiar gastos de capital".

"Los gastos de capital operados en el año 2014 han sido financiados por el Gobierno Nacional sin necesidad de recurrir a los recursos del Banco Central específicamente contemplado en la Ley", agregó la entidad monetaria.

Lo que no explicaron es por qué si los gastos de capital fueron financiados por el Tesoro sin necesidad de pedirle al fondo de desendeudamiento, el Tesoro tuvo que pedir 13.000 millones de dólares al Central.

Tampoco por qué el Tesoro emitió letras por 13 mil millones para el fondo de desendeudamiento, si este, según el comunicado, alcanzó en el año los US$ 7.896,8 millones.

En definitiva, la maniobra del Central abrió un nuevo interrogante sobre el índice real de las reservas del Central y del uso discrecional que de ellas podría estar haciendo el Gobierno, según La política online.

En este contexto, en el entorno de Sturzenegger analizan pedir la habilitación de la feria judicial para que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia, que cayó en el juzgado de María José Sarmiento.

Se trata de la misma jueza que en enero de 2010 dio lugar al amparo que le permitió a Martín Redrado mantenerse en la presidencia del Banco Central y le impidió al Gobierno el uso de las reservas de la entidad, un impedimento por el que el kirchnerismo se vio obligado a modificar la Carta Orgánica.