Una de las lecciones que enseñan los manuales de marketing político es que pelearse con los maestros es uno de los peores negocios para un gobernante, sobre todo si aspira a postularse para un cargo electivo.

Ligada a los mitos fundantes de la nacionalidad, la escuela pública ocupa un lugar especial en la conciencia colectiva de los argentinos. Y en las últimas décadas cobró una mayor notoriedad frente al creciente deterioro de las escuelas públicas y los casos de violencia contra los educadores.

Por ello, las protestas de los maestros despiertan más simpatías que la de otros gremios y las escuelas suelen ser uno de los escenarios predilectos para realizar actos por los políticos.

Lo sabía bien Néstor Kirchner cuando, dos días después de haber asumido la Presidencia en mayo del 2003, viajó sorpresivamente a Entre Ríos y se comprometió a girar $80 millones para pagar los sueldos de los docentes, para destrabar un conflicto que llevaba casi tres meses sin clases.

Parece una lección política bastante elemental. Y sin embargo, ni Cristina Kirchner ni Daniel Scioli dan la sensación de haberla comprendido plenamente. Sea por falta de recursos financieros de la provincia o por la pulseada política entre entre ellos, lo cierto es que no han podido evitar las huelgas al inicio de clases en los últimos años.

Pero este es un año electoral, y desde las filas sciolistas surgen indicios de que se tratará de hacer un esfuerzo por romper la "tradición" de docentes haciendo marchas de protesta y padres quejándose porque no pueden mandar sus hijos a la escuela.

Por lo pronto, hubo actitudes en el gobierno de Scioli que marcan un cambio de actitud:

* Temprana convocatoria a las paritarias. En lugar de comenzar las negociaciones como todos los años en febrero, los funcionarios se reunieron con los gremios desde diciembre.

* Inédito pago de un adelanto de entre el 7 y 8% para docentes y estatales para enero y febrero, que equivale a una suma mensual de $400 y lleva el salario inicial a $5.400.

* Anuncio de un adelanto del calendario de pago de los impuestos. Más de 9 millones de contribuyentes deberán pagar entre uno y tres meses antes el inmobiliario urbano, baldío urbano y patentes. El anticipo incluye aumentos de hasta el 70% en algunos tributos.

Estas últimas señales dan cuenta de que la Provincia buscaría hacerse de recursos para evitar el conflicto con los educadores bonaerenses. Y así lo interpretó todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta la oposición.

"Es una medida enmarcada en su campaña presidencial que tiende a generar una presión fiscal indirecta, que busca anticipar la recaudación para poder percibir todos los tributos antes del fin de su mandato, dejando al próximo Ejecutivo provincial en una situación de debilidad económica y financiera muy importante", advirtió en un comunicado el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez.

La movida incluía el adelanto del inmobiliario rural, un impuesto que representa un ingreso de $2.340 millones para el estado bonaerense.

Pero claro, si algo también quedó en claro es que no es tan fácil tomar medidas que implican cobrarle a algún sector social con capacidad de presión.

La queja de los empresarios del campo, que amenazaban con volver a las rutas, obligó al bonaerense a dar marcha atrás con la medida tomada.

Y, de esta forma, queda planteada la duda de si, a pesar de la voluntad política, Scioli podrá evitar el clásico conflicto de inicio de clases. En parte depende de la creatividad para conseguir recursos y, en parte, de la capacidad para aceitar las relaciones con el Gobierno central.

Es claro que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el gobernador no puede darse el lujo de que su distrito se prenda fuego. Pero todavía no resulta tan evidente que en la Casa Rosada exista la misma convicción.

Para Cristina, un conflicto de Scioli con los docentes tampoco parece buen negocio desde el punto de vista político. Al menos, eso es lo que marcan los antecedentes: cada vez que Scioli sufrió el "ahogo financiero", el costo político lo terminó pagando el propio Gobierno nacional.

E

Fue a partir de entonces que Scioli ganó su fama de "incombustible".

De todas formas, no cesaron los intentos del Ejecutivo por "tercerizar" el ajuste en la Provincia. Dos años después, la puja se repitió, desatando la mayor huelga docente en una década con un récord de 17 días sin clases. Y, una vez más, el tironeo no fue gratuito para el kirchnerismo.

La jugada generó fisuras en el oficialismo ante las críticas de algunos sectores contra el Ejecutivo por considerar que era capaz de poner en riesgo el salario docente, a costa de pelearse con el mandatario provincial.

Sin margen de maniobra

Así las cosas, todo parece indicar que la administración provincial está dispuesta a cumplir con los requerimientos del gremio docente.

La cuestión es si están los recursos para garantizar la paz sindical en un escenario de caída de la actividad y un creciente déficit fiscal.

Los gremios de maestros, cercanos al oficialismo, anticiparon que en febrero pedirán un aumento del 30%, aunque la demanda podría escalar por la presión de los sectores opositores.

Las seccionales combativas consideran que el anticipo -equivalente a $13 por día- es una "migaja" y pretenden llevar el sueldo inicial a $11.000, el doble de lo reclamado por las conducciones.

En la hipótesis más moderada, la suba de los maestros costará no menos de $12.000 millones y se estima que llevará el gasto total en salarios del sector educativo a cerca de $50.000 millones.

Se trata de una masa de recursos nada desdeñable, ya que representa un 20% del total de 230.000 millones que dispondrá este año la administración, incluyendo los ingresos provenientes de Nación.

"La Provincia se juega todo en la negociación salarial, son componentes muy inflexibles a la baja, y este año no puede haber una caída salarial real importante porque ya la hubo en 2014", señaló a iProfesional Nicolás Alonzo, economista de la consultora Orlando Ferreres.

El año pasado, los maestros obtuvieron un aumento del 28% en dos cuotas, uno de los más bajos en las paritarias frente a una inflación anual en torno al 40% de acuerdo a las mediciones privadas.

Así, el sueldo del sector público bonaerense se convirtió por tercer año consecutivo en una viarable de ajuste.

Un informe del estudio de Miguel Bein, uno de los principales asesores de Scioli en materia económica, afirma que las negociaciones salariales en 2014 jugaron el rol de "semi ancla para evitar que la inflación licuara todas las ganancias de la devaluación".

Por ello, los analistas creen que ahora no habrá internas y que la Nación va a asistir a la Provincia.

"El Gobierno nacional tampoco quiere pelear, por eso va a haber financiamiento en caso de que Scioli no pudiera pagar (el aumento salarial)", previó la economista de Abeceb, Soledad Pérez Duhalde.

La incógnita es si los maestros moderarán una vez más sus reclamos.

"En febrero va a haber asambleas y va a haber mucha presión para que haya un plan de lucha por parte de la izquierda que maneja las seccionales (de Suteba) más grandes", dijo un funcionario bonaerense de La Cámpora.

Rascar la olla

En este escenario, lo más probable es que Scioli profundice la "estrategia naranja" que siguió en el último tiempo. Su equipo prevé reducir el gasto en algunas áreas "menos visibles", como de hecho viene ocurriendo en bienestar social, salud y obras públicas, y emitir bonos de deuda en dólares.

Al verse presionado por el ahogo financiero, la Provincia aplicó en 2012 un giro en su política económica para disminuir la dependencia del poder central y oxigenar sus cuentas.

Ese año, el gasto en capital (compuesto mayormente por fondos para obras) fue de $4.300 millones, en 2013 fue de $5.400 millones y en 2014, alcanzó los 7.500 millones de pesos.

Sin embargo, mientras la inversión mostró un crecimiento en términos nominales, el peso de los fondos destinados a infraestructura sobre el gasto total se redujo a la mitad en comparación con los niveles alcanzados en 2007.

Desde entonces, la gestión provincial cambió piezas en el gabinete y realizó una reforma tributaria que incrementó la recaudación propia en casi un 50%, con el revalúo inmobiliario que le valió las críticas del ruralismo.

"Scioli aprendió la lección de que si seguía ese juego político (de tire y afloje por las transferencias) no iba a llegar a 2015, entonces hizo un fuerte ajuste en el gasto en personal, con aumentos salariales moderados y un incremento de la obra pública por debajo de lo que crecieron los recursos", explicó Guillermo Giussi, analista de Economía y Regiones.

Con estas medidas compensó parcialmente el déficit fiscal estructural que sufre la Provincia, a raíz de la discriminación negativa en la distribución de los recursos federales por la Ley de Coparticipación y la fuerte caída de las transferencias discrecionales, conocidas como Aportes del Tesoro de la Nación.

Según cálculos privados, en 2012 los ATN se redujeron casi un 50% en términos nominales, al pasar de $8.400 millones a $4.100 millones. Ahora en 2015 aumentarían un 25%, al pasar de $8.000 millones a $10.000 millones, pero los analistas señalan que en términos reales habrá una pérdida, al igual que el año pasado.

Por ello, Luciano di Gresia, uno de los principales tesoreros de la Provincia, explica en un trabajo propio que los cuatro efectos "compensatorios" para equilibrar las arcas bonaerenses son una mayor dependencia de las transferencias discrecionales, una creciente presión tributaria, el endeudamiento y un ajuste del gasto público.

La ventanitaAsí las cosas, el problema es que, en un año que amenaza con profundizar la recesión, ya "no hay más dónde rascar" y la Provincia enfrentará antes de las elecciones fuertes vencimientos de deuda por unos u$s1.500 millones (entre capital e intereses), la otra clave que siguen de cerca los analistas.

Así la administración bonaerense deberá hacer frente a un primer pago de u$s500 millones en el primer semestre y el grueso restante en octubre.

Sucede que, pese a las políticas de "desendeudamiento", el stock de deuda continuó su marcha ascendente en los últimos años, en los que las principales fuentes de financiamiento fueron el Gobierno Nacional (36,7%) y los títulos públicos (53,9%).

En 2012, la deuda acumulada fue de $72.500 millones, en 2013, $81.800 millones, y en septiembre de 2014 $87.300 millones, más del triple de lo registrado en 2003, cuando alcanzaba los $27.300 millones, según datos de la consultora Orlando Ferreres.

"El equipo de deuda está aprobando todo para ni bien se abra la ventanita (en los mercados) empezar a colocar deuda", explicaron desde una consultora privada.

El año pasado la gestión bonaerense tenía todos los papeles preparados para emitir, pero el default interrumpió las gestiones.

Ahora Bein le reclama al ministro de Economía, Axel Kicillof, que llegue a un arreglo con los buitres para lograr una "vuelta a los mercados".

El objetivo es refinanciar los pagos y patearlos para la próxima gestión o bien conseguir nuevos créditos en los mercados.

Hay un problema, claro: la emisión de deuda lleva su tiempo, y el reloj corre rápido para el inicio de las clases. De manera que, una vez más, se pondrá a prueba la convivencia entre el Gobierno nacional y la provincia, mientras los maestros se preguntan si, por una vez, dejarán de ser la variable del ajuste.