La CGT oficialista al mando de Antonio Caló intentará negociar con el Gobierno el flujo de fondos de sus obras sociales para este año antes de la pauta salarial. Para eso, la central resolvió pedirle una audiencia al nuevo jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como paso previo a una eventual audiencia con Cristina de Kirchner. 

El mensaje es el mismo que transmitió el sector en los últimos años: el Ejecutivo podrá obtener de sus dirigentes un rumbo calmo en las negociaciones paritarias en tanto resuelva en tiempo y forma la estructura de costos de las prestadoras de salud de los gremios afines. Sólo en ese escenario la CGT de Antonio Caló prometerá que el 30 por ciento de aumento será una referencia para sus debates con el sector empresario y no un piso, como plantean en los gremios opositores. 

Aunque la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, mantiene relativamente al día los subsidios y reembolsos, hubo consenso en reclamar una actualización de los valores reconocidos para los reintegros de prestaciones médicas complejas, uno de los ítems que más preocupa a los gremialistas, señala Ámbito Financiero 

El otro tema que molesta desde hace años a los gestores de las obras sociales es el denominado "descreme" de afiliados. Se trata de un proceso iniciado en los 90 con la desregulación del sistema de salud, que habilitó el libre traspaso entre prestadoras y que generó asociaciones entre algunas obras sociales y empresas de medicina privada. Desde entonces, esas sociedades capturaron a los afiliados más jóvenes y con mejores salarios de otras entidades, que en cambio quedaron con los más veteranos y enfermos. 

En sucesivas gestiones ante funcionarios de Salud los líderes de la CGT oficialista presentaron diversos formatos para encorsetar a sus afiliados y evitar más pérdidas, o bien para acotar la injerencia de las prepagas en el sistema. 

Hasta ahora no tuvieron mayor atención, pero los dirigentes vieron en la designación de Aníbal Fernández una nueva oportunidad para plantear la problemática.