Los nuevos fiscales de la causa AMIA pidieron a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que la "gran mayoría" de los empleados que trabajaban con el fallecido fiscal Alberto Nisman pasen a planta y sólo "una ínfima minoría" quede fuera.

Así lo reveló hoy a la agencia de noticia DyN una alta fuente de la unidad especial UFI/AMIA que desde hace dos semanas tiene a cuatro fiscales titulares que reemplazan al fiscal muerto, Sabrina Namer, Roberto Salum, y Patricio Sabadini, y Juan Patricio Murray.

Un comunicado de la Procuración detalló que los fiscales analizaron "el estado organizativo" de la unidad UFI/AMIA y en el capítulo de "los recursos humanos" verificaron "el cumplimiento efectivo de las correspondientes prestaciones de servicios por parte de la gran mayoría del personal contratado".

Y, además, especificó que consideraron "la innecesariedad de continuar" con los contratos de empleados "sobre las que no se pudo

verificar el tipo ni condición de servicios prestados".

La alta fuente consultada por esta agencia rehusó precisar el número total de empleados de la UFI/AMIA que serían ratificados en sus puestos y quedarían fuera, pero comentó que los prescindibles son "una ínfima minoría".

La situación laboral y la cantidad de empleados en la unidad especial quedaron en entredicho cuando trascendió públicamente que Diego Lagomarsino, el técnico informático contratado por Nisman, cobraba 41 mil pesos mensuales y no estaba obligado a asistir a trabajar la sede ubicada en Avenida de Mayo.

Además, los nuevos fiscales de la UFI/AMIA planean reunirse la semana próxima con las querellas que representan a las víctimas del atentado terrorista a la mutual judía para "escuchar sus inquietudes y analizar conjuntamente el estado en que se encuentra la causa principal y causas conexas".

La fiscalía ha brindado "recursos humanos" al fiscal federal Gerardo Pollicita para asistirlo en el requerimiento que hizo ante el juez federal Daniel Rafecas, en base a la denuncia que Nisman había puesto contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto delito de encubrimiento.

De los cuatro nuevos fiscales de la UFI/AMIA, hay dos -Murray y Sabadini- que pertenecen al movimiento oficialista Justicia Legítima. Namer fue funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner entre enero de 2004 y mayo de 2005, cuando se desempeñó como coordinadora de Investigaciones y Fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción que depende del Ministerio de Justicia.

Y se encargó de la acusación en el juicio oral por la causa de los sobornos en el Senado donde fue criticada por el tribunal que absolvió a todos los imputados, entre ellos el ex presidente Fernando De la Rua.