La eliminación del cepo al dólar implica normalizar el mercado cambiario, que exista un solo mercado en el que, aunque administrado, la cotización de la divisa sea en función de la oferta y la demanda sin reprimirlas artificialmente.

En otras palabras, significa que, con regulaciones eficientes -como se hace en todos los países modernos del mundo- toda persona física o jurídica que quiera comprar moneda extranjera lo pueda hacer, en la medida en que justifique la procedencia de los pesos necesarios para hacerlo.

Tras casi cuatro años de cepo, existe una demanda reprimida de varios miles de millones de dólares: importadores que no han obtenido las divisas para pagar sus compras en el exterior; empresas extranjeras que no han podido girar dividendos; e individuos que quieren comprar dólares para diversos fines, entre ellos para resguardarse de la pérdida de valor del peso por efecto de la inflación.

La liberación inmediata llevaría a una fuerte y descontrolada devaluación de nuestra moneda, a menos que el nuevo Gobierno dispusiera de los dólares necesarios para abastecer esta demanda, algo imposible de esperar de manera inmediata.

Para ello, no podrían usarse -aunque la actual administración los compute como reservas- ni los yuanes, ni los DEG, ni el oro, ni el dinero de terceros depositado en el BCRA, ni los fondos de los tenedores de bonos internacionales que están congelados por disposición de la Justicia de los Estados Unidos.

En verdad, no se sabe con precisión cuánto es ni cuánto será al fin de la gestión el stock de intervención real del Banco Central -reservas líquidas y disponibles- porque, como es sabido, el Gobierno hace con las reservas internacionales lo mismo que hace con la pobreza, con los precios, con las cifras de deuda y con el déficit fiscal: miente.

Entonces, comprometerse a liberar el cepo el 11 de diciembre como lo ha hecho Mauricio Macri no sólo es temerario sino de peligrosa insensibilidad, porque no mide el costo social que implica hacerlo de esa manera. Obvia así las peores consecuencias de una devaluación abrupta, y agrega más sufrimiento a una sociedad que ya registra un 27% de pobreza.

Está claro que con el tiempo el dólar buscará su nivel de equilibrio pero, mientras tanto, la capacidad de compra de trabajadores y jubilados se irá deteriorando y las consecuencias negativas en el plano social se volverán inevitables, concluyó en una columna difundida por Noticias Argentinas.