Los tiempos de vacas flacas son así. Hasta los gobiernos que han hecho de la demanda interna y del estímulo al consumo una religión deben empezar a moderarse y dar cada vez mayores dosis de "relato" pero menos de dinero.

La mejora de entre 3% y 6% que recibirán aquellos alcanzados por Ganancias que se encuentran en la franja salarial de entre $15.000 y $25.000 tiene "gusto a poco", teniendo en cuenta la gran expectativa que se había generado.Pero, como dice la frase popular, es lo que hay.

La anterior modificación de este controvertido impuesto data de agosto de 2013, lo cual implica mucho tiempo transcurrido para un país que desde hace años tiene una inflación superior al 25 por ciento.En aquel entonces, el Gobierno destacaba que los $4.500 millones de recaudación impositiva que resignaba con la suba del mínimo no imponible para el último cuatrimestre de ese año permitiría un estímulo al consumo.

Esto difícilmente podría sostenerse hoy en día. El "sacrificio" anunciado por el ministro Axel Kicillof para un período de ocho meses asciende a $6.000 millones.

En términos reales es incluso una cifra menor, lo que deja al desnudo la escasez de billetera que afecta a la administración K.

La magnitud del costo fiscal que tiene la medida es un 33% superior a la que se había anunciado en 2013. Pero entre ambos momentos la inflación fue superior al 50%.

Como dato clave, cabe recordar que el déficit fiscal que se proyecta para este año es de casi el doble del 3,7% que se había registrado en aquel entonces.Por qué el Gobierno "no puede vivir sin él"Ganancias no es un impuesto cualquiera: cumple con la extraña condición de ser el único que crece en términos reales incluso cuando la economía está en recesión.

Tanto, que mientras la recaudación total de la AFIP subió a un ritmo de 36% en 2014, este impuesto a los ingresos se elevó un impactante 45 por ciento.

Al no depender de la actividad real de la economía, sino sólo de los aumentos nominales de salarios (que a su vez son motorizados por la alta inflación), entonces es un tributo que crece siempre, algo que queda en evidencia cuando se analiza la "torta" de la recaudación de la AFIP.

En la actualidad, este gravamen ya explica casi uno de cada cuatro pesos que ingresa al fisco. Y ha tenido un crecimiento por demás acelerado, si se tiene presente que en 2009 representaba "apenas" un 18 por ciento.

Pero eso no es todo. Tal como diera cuenta iProfesional, cuando se analiza su evolución se llega a otra conclusión más inquietante: la proporción que corresponde al aporte de los asalariados está creciendo en importancia respecto de lo que pagan las empresas.En 2007, cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia, el rubro de la cuarta categoría (es decir, la parte abonada por personas físicas) representaba un 30% del total de lo que recaudaba este gravamen.

Hoy esa cifra

Los números fríos llevan a una conclusión inevitable: Cristina Kirchner no puede prescindir del Impuesto a las Ganancias. 

Y es por eso que debe asumir el costo político de seguir defendiéndolo pese a la impopularidad del tributo.

Lo cierto es que nadie que estuviera en su lugar podría reprocharle su celo por cuidar esa "caja":  Ganancias representa un 6,7% en términos de PBI, según una estimación de la consultora Finsoport.

Esto deja a las claras una dependencia en dosis crecientes, ya que la última vez que se modificó el piso a partir del cual se tributa, su importancia era del 5,5 por ciento.

La contradicción de fondoHoy día, la administración K ya ni se plantea modificar el mínimo no imponible y apenas se conforma con atenuar la alícuota para una parte de los asalariados.

Es por este motivo que, ante la evidencia de que no puede darse más que un pequeño alivio, como el que anunciara Kicillof, se torna necesaria una mayor dosis de "relato".

La propia Presidenta ha asumido la defensa de este impuesto, al que califica como fuente vital de financiamiento para el pago de la Asignación Universal por Hijo y de otros planes de asistencia que constituyen el pilar de su política de "inclusión social".

Este punto fue reafirmado por Kicillof, quien además destacó que apenas una minoría del 11% de los asalariados registrados están alcanzados por el gravamen.

Por otra parte, comparó la presión tributaria de los trabajadores argentinos con la de otros países de la región, como forma de relativizar las críticas que recibe el Gobierno en ese aspecto.

Y realizó una defensa política de los impuestos directos -a diferencia de los indirectos, como el IVA- porque permiten la progresividad, es decir cobrarles más a los que más ganan.

De todas formas, estas argumentaciones no alcanzan para tapar la contradicción de fondo: si Ganancias no afecta a la cantidad de gente que los medios críticos dicen, si la inflación no es tan grave, si el salario no ha perdido el poder adquisitivo como afirman los economistas y los sindicatos, ¿para qué modificar entonces su aplicación?

Es que, incluso para los oficialistas más recalcitrantes, como Aníbal Fernández, resultó inevitable reconocer que era una preocupación del Gobierno la forma de aliviar el impuesto sin, por ello, generar un desequilibrio en el plano fiscal.

"Nadie puede dudar de que ni los camarógrafos, ni la Presidente ni los ministros están de acuerdo con subir el mínimo. Todos lo estamos, pero la realidad es que hay que ajustarse a las posibilidades del momento", expresó el jefe de Gabinete ante los periodistas en la puerta de Balcarce 50, antes del último paro general.

Es el tipo de contradicción que ha despertado ironías en las redes sociales. Como las que señalan que, cuando Cristina justifica mantener el impuesto, el público aplaude. Y cuando Kicillof anuncia que se va a modificar, la tribuna kirchnerista también aplaude.Impuestos en la campaña electoralPor lo pronto, nada indica que este anuncio de alivio parcial vaya a distender el clima de malhumor existente en el plano sindical.

Por el contrario, gremios que tradicionalmente no tenían este tema entre sus reivindicaciones -como los metalúrgicos dirigidos por el "Kirchner-friendly" Antonio Caló- están ahora al borde de una nueva medida de fuerza.

Además prima el contexto electoral que es, en definitiva, lo que ha impulsado al Gobierno a plantear estas tibias medidas de incentivo en un momento de números fiscales en rojo.

La sucesión de resultados adversos que están dejando las urnas en las primarias para los candidatos K en diferentes provincias hacen recordar al clima que se vivía en agosto de 2013, cuando el oficialismo recibió un duro golpe.

En aquel entonces, el kirchnerismo veía reducida su fuerza electoral a un 26%, mientras que el ascendente Sergio Massa había hecho del alivio en Ganancias su principal bandera electoral.

Fue cuando la propia Cristina hizo el anuncio de una mejora que durante dos años se negó a adoptar. En aquel momento, se generó un debate interno en el kirchnerismo: estaban quienes creían que si se aliviaba el gravamen el oficialismo podría ganarse la simpatía de una clase media esquiva y aquellos que desaconsejaban cualquier modificación.

Argumentaban que se iban a resignar recursos fiscales para beneficiar a una élite de altos ingresos que, en definitiva, no cambiaría su opinión negativa hacia el kirchnerismo. A juzgar por los resultados de las elecciones legislativas, estos últimos tenían razón: prácticamente no hubo diferencias respecto de las primarias.

Esto fue lo que llevó a que ahora que está lanzada la campaña para la elección presidencial, nuevamente hubiera recomendaciones en el sentido de no acceder a los reclamos sobre una mejora en este impuesto.

Ideólogos K, como Artemio López, advirtieron que sería una "mala lectura de la coyuntura electoral".

Ceder a la presión, alerta López, "desfinanciará al Estado en una etapa de restricciones severas y de remarcación de su rol de proveedor de servicios a la población. Especialmente a los sectores más postergados, a través de políticas de transferencias de ingresos vía diversos planes sociales y empleo".

Números rojos

Pero la decisión está tomada. El tiempo dirá si el kirchnerismo deberá anotar este nuevo anuncio en el debe o en el haber.

La experiencia indica que, lo más probable, es que se quede con todo el costo fiscal sin rédito electoral alguno, aunque sí es posible que logre alguna reducción marginal en las aspiraciones de ajuste salarial en las paritarias en curso.

Más incierto, en cambio, es el efecto que este alivio pueda tener sobre la economía.

El propio Kicillof no parecía demasiado entusiasmado: luego de sostener que quienes tributan son una minoría, y que los directamente beneficiados por esta medida son algo más del 60% de esa porción de asalariados, no tenía mucho margen como para asegurar que pueda moverse la aguja del consumo.

Más bien, la advertencia habitual de los economistas más ortodoxos -léase preocupados por el déficit fiscal- es que los incentivos para "lubricar" la economía pueden, en este contexto, terminar generando mayor presión inflacionaria.

Los antecedentes en la materia son inquietantes: la anterior medida para aliviar este impuesto, en 2013, no generó crecimiento pero sí se observó un pico en la suba de precios. 

Ahora, la sensación generalizada es que la paz financiera y cambiaria está garantizada para el corto plazo, al menos lo suficiente como para cubrir el período electoral.

Pero esto cumple solamente uno de los requisitos: lo que está faltando es la capacidad de reparto.

Los pronósticos de los economistas apuntan a una nueva caída de la actividad económica. Algunos de ellos la ubican en el orden del 2% del PBI, aun peor que la proyección hecha por el Fondo Monetario Internacional.

En definitiva, lo ocurrido con el Impuesto a las Ganancias es una movida que parece más motivada por el malhumor de la opinión pública y por la tensión sindical que por una convicción genuina de que es conveniente aliviar el peso de este tributo.

De momento, lo único seguro es que habrá un costo fiscal para un Gobierno que, con la billetera exhausta, ya no puede permitirse algunos lujos. Y que empieza a sufrir en carne propia la dificultad de hacer populismo en tiempos de vacas flacas.