El Gobierno parece estar condenado a chocar varias veces con la misma piedra o si se quiere, el mismo tribunal.

Una demanda contra el país e YPF por la estatización de la petrolera, que aún no fue cuantificada, pero que se estima que será millonaria, acaba de ser presentada en Estados Unidos por un gigantesco estudio de abogados dedicado a comprar juicios en cualquier parte del planeta.

Por sugerencia de los demandantes, el expediente recaló en el despacho del juez Thomas Griesa, el más criticado por el gobierno de Cristina Kirchner debido a su fallo en favor de los fondos buitre.

El mes pasado, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de 500 millones de dólares, presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la Argentina por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con accionistas de YPF.

El Gobierno enfrenta la acusación de no haber respetado el estatuto de la empresa en el momento de la estatización, en abril de 2012.

Según La Nación, los reglamentos de YPF indican que cualquier adquisición de una porción de control de la petrolera (como la que tomó el Estado, del 51%) obliga a hacer una oferta por todas las acciones, algo que no ocurrió.

Burford encabezó la demanda a través de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi había creado en España junto a otra bajo las leyes australianas con la intención de esquivar el riesgo argentino y obtener créditos de Repsol (la anterior controlante de YPF) para comprar una parte de la compañía, en 2008.

Tras la estatización, ambas empresas quebraron y la justicia española les vendió la posibilidad del juicio a quienes hoy querellan contra el país para sumar fondos y pagarles a los acreedores.

La familia local, por su parte, perdió relación con ambas compañías.

La demanda de Burford se presentó en Nueva York el 8 del mes pasado. Según el expediente, el mismo día fue referido al juez Griesa.

Un documento presentado por Petersen Energía y Petersen Energía Inversora pide que sea tratado por el magistrado neoyorquino porque le había tocado un caso que los demandantes consideran relacionado.

Se refieren a una demanda que presentaron Repsol y el fondo Texas Yale Capital Corp en mayo de 2012, días después de la estatización de la petrolera. La causa se terminó por acuerdo voluntario entre las partes en mayo del año pasado.

Fuentes que asesoran al Estado en este tema consideran que se trata de un antecedente favorable para el país y que el litigio debería definirse sin sobresaltos para la Argentina. Sin embargo, el contexto en esta ocasión parece ser distinto.

Sucede que Repsol retiró la demanda luego del acuerdo con el Gobierno por el cual recibió 5000 millones de dólares en bonos por el pago de sus acciones expropiadas. Ahora, en cambio, Burford compró el litigio con la intención de sacarle el mayor provecho posible.

El 21 de abril Griesa cedió el caso al juez Frank Maas. Según fuentes judiciales, aún en una etapa incipiente, se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana.

Maas actuará como "juez magistrado", encargado de cuestiones preliminares como, entre otras cosas, cursar los pedidos de información. Luego el juez principal, en este caso Griesa, definirá sobre las cuestiones sustanciales.

El 12 de este mes, los demandantes pidieron que el juzgado acepte como abogado a Reginald R. Smith (con matrícula de Texas, otro distrito).

En la jerga de los tribunales, se considera un tiburón de la profesión, especializado en disputas globales. Maneja esa área en el estudio King & Spalding. Hasta el momento, el último punto del expediente es la autorización de su ingreso en el caso, que fue autorizado por Griesa en una nota del jueves pasado.

Los demandantes aprovecharon algunas desprolijidades del Gobierno al momento de la estatización de YPF. Algunas de ellas están explícitas en la queja inicial que abre el expediente.

En las semanas anteriores a la decisión, cuando el Gobierno aún evaluaba opciones para comprar la empresa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, por entonces número dos de esa cartera en el organigrama, y su equipo notaron el problema del estatuto de YPF.

La conclusión fue que adherirse al reglamento de la empresa implicaría para la Argentina la obligación de hacer una inversión millonaria para quedarse con toda la compañía cuando, en la práctica, el Gobierno sólo quería la porción de control. Kicillof lo reconoció días después en una presentación ante el Senado.

"Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", aseguró.

Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.