A un año del día en que la Argentina perdió el "juicio del siglo", el Gobierno debe salir a defender la nacionalización de YPF contra el intento de embargos de parte de varios fondos buitre. Deberá hacerlo con distintos escritos que los abogados representantes del país tendrán que presentar en dos juzgados diferentes.

El primero, por una presentación del fondo Burford Capital Limited, será, otra vez, ante Thomas Griesa. El segundo, ante el juzgado de Jeffrey Steven White, en una instancia más en la pretensión de NML Elliott de poder embargar fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron.

En el primer caso, el viernes pasado, Griesa dio vía libre para un reclamo de Burford, que el año pasado le compró el juicio que detentaba Petersen Energía Inversora contra la Petrolera, por los movimientos negativos que tuvieron las acciones de la compañía al ser retirados del 25% de las acciones y haber caído en concurso. Las acciones fueron cambiando de manos, hasta llegar a Burford, que llevó el juicio hasta el despacho de Griesa.

El juez le dio a YPF tiempo hasta el 17 de agosto, pero esta semana los abogados que representan a la petrolera presentarán un primer escrito informativo ante el juez neoyorquino. Los analistas y asesores jurídicos de la Argentina, incluyendo los que asesoran a la empresa que maneja Miguel Galuccio, afirman que es imposible que una causa de este tipo avance contra los activos de la petrolera, ya que existe un acuerdo legal y ya cerrado entre la Argentina y la petrolera española Repsol, que además fue rubricado por el Gobierno español y presentado en sociedad ante todos los tenedores de acciones de YPF de Nueva York.

Sin embargo, el temor es que, al ser un juicio que está en manos de Griesa, el juez vuelva a fallar en contra de la Argentina, sólo como venganza, señala Ambito.

El segundo caso que deberá defender esta semana el país es la presentación que el 21 de julio del año pasado concretó NML Elliott en el juzgado de California de White (en San Francisco), y que busca que ese magistrado habilite embargos contra Chevron por la sociedad que mantiene con YPF por el proyecto de Vaca Muerta.

El fondo de Paul Singer, a partir de la liberación de la cláusula Discovery, dice que cualquier juez de los Estados Unidos debe avisarle a Griesa sobre la existencia de activos argentinos en cualquier ubicación de ese país. La hipótesis del fondo buitre es que Chevron, al ser socio de la Argentina a través de la YPF reestatizada, puede considerarse que maneja activos financieros del país, y, como tal, embargables.

El reclamo parece algo alocado, pero el propio juez White le dio lugar a la presentación, y esta semana las partes tienen que interiorizarse a través de escritos sobre la marcha de la causa. En este sentido, los abogados locales deben colaborar en las presentaciones que los representantes de Chevron lleven ante White.

Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos.

Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio del año pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan.

Se trata de la cláusula Discovery, una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.