El atraso del tipo de cambio, la pérdida de reservas, la negociación con los holdouts y la forma en cómo desarmar el “cepo” son algunas de las tantas variables con las que tendrá que lidiar el futuro Gobierno. 

Pero la “herencia” que está dejando la administración K no se limita a esas dificultades. A partir del 1 de enero de 2016, quien tome las riendas del Ejecutivo se enfrentará a otro tema trascendental: estará obligado a suprimir el actual sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) e implementar un nuevo esquema para monitorear las compras al mundo, el cual deberá esta avalado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Este organismo falló en enero pasado en contra de la Argentina tras una demanda por prácticas desleales.

La denuncia había sido presentada inicialmente nada menos que por Estados Unidos, la Unión Europa y Japón. Para peor, a estos "peso pesados" se les sumaron otras 15 naciones en carácter de “afectadas”, tales como India, Canadá, Suiza y, paradójicamente, el país que más ayudó en los últimos meses al BCRA a sostener reservas: China. 

El documento de la OMC, que ya fue acatado por el Gobierno, es trascendental porque le pone punto final al manejo discrecional de los permisos de importación. Así, el fallo condiciona a la próxima administración a la hora de fijar cualquier herramienta que tenga como objetivo el control de las operaciones aduaneras. 

“El Gobierno de Cristina acordó ante el organismo internacional que el 31 de diciembre dejarán de funcionar las DJAI tal como lo están haciendo hoy. Y esto, en un contexto en el que escasean los dólares, implica un problema extra para la fuerza política que llegue al poder”, advirtió Marcelo Elizondo, ex director ejecutivo de Fundación ExportAr.

El experto fue más allá y alertó que “la Argentina está, en lo que se refiere a comercio internacional, debajo de la lupa. Es un país que fue condenado y que tiene que cumplir con las exigencias. De no hacerlo, las consecuencias serán graves, porque se expondrá a sanciones comerciales concretas, que afectarán las exportaciones de empresas nacionales por hasta unos u$s6.000 millones anuales”. 

En este contexto, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, aseguró que “la Argentina forma parte de un club de países y tendrá que acatar las reglas. Si nos guiamos por el fallo, entonces deberíamos esperar que las nuevas regulaciones que se apliquen para administrar las importaciones sean más previsibles, claras y estén alineadas con la normativa internacional”. 

¿Qué es lo que prohibió la OMC?

Además de las posibles represalias comerciales, un aspecto clave de la decisión tomada por el organismo internacional es que tiene un alto contenido simbólico, porque es un castigo explícito a la forma y al estilo con el que el Gobierno kirchnerista decidió administrar las importaciones a lo largo de la última década. 

Por un lado, el fallo considera que las actuales DJAI constituyen una clara "restricción" al ingreso de bienes del exterior y, por lo tanto, conforman una práctica incompatible con el comercio internacional.

En segundo lugar, también catalogó como violatorio de las leyes a todo el sistema de trabas que se fueron implementando a través de los años, muchas de las cuales no cuentan con ninguna normativa escrita.

La OMC incluyó en este grupo al ya desactivado "plan 1 a 1", ideado por Guillermo Moreno y por el cual se obligaba a las empresas a exportar por el mismo monto que pretendían importar.

También consideró ilegal la obligación de tener que incrementar el contenido nacional en los procesos productivos (medida impuesta por la ministra Débora Giorgi) y el tener que realizar inversiones en el país para poder obtener permisos de importación. 

¿Qué escenario se abrirá a partir del 1 de enero?

Al analizar todas las herramientas de control que fueron objetadas por los países que iniciaron la demanda en contra de la Argentina, queda claro que se puso en juego el futuro del “cerrojo” que fue construyendo el kirchnerismo con el paso de los años. 

Las trabas -desde las primeras ideadas por Moreno, hasta las últimas implementadas por el ministro Kicillof-, fueron vitales para la construcción del llamado “modelo K”. No es para menos: 

• Desde 2005 y hasta 2007 -en la época de “bonanza”, es decir, cuando había tipo de cambio competitivo y superávits gemelos- las barreras se utilizaron para forzar el proceso de industrialización. 

• Entre 2008 y 2009, en plena crisis internacional a raíz del estallido de las hipotecas subprime, empezaron a multiplicarse los controles, tendientes a evitar la llegada de embarques a "valores de saldo" ante la caída generalizada del comercio global. 

• A partir de 2010, cuando empezó a hacerse más notorio el efecto del atraso cambiario, el “cerrojo” se volvió vital en la estrategia K para intentar frenar el avance de productos a precios más competitivos. 

• Ya en 2014, las barreras se convirtieron en una herramienta esencial para frenar la sangría de reservas y fueron una de las principales formas que encontró el Gobierno para hacer frente a la escasez de dólares. 

El fallo "anti cerrojo", que deberá empezar a cumplirse en unos meses, sin dudas preocupa a los candidatos que se medirán en las elecciones de octubre. 

Sucede que la decisión de la OMC, que deberá hacerse efectiva ni bien arranque 2016, llega en momentos en que la economía argentina tiene serios problemas para generar divisas. 

Según Jorge Vasconcelos, economista del IERAL, el BCRA arrancará el próximo años con reservas líquidas -es decir, contando sólo los dólares y excluyendo otro tipo de activos, como los swaps y los derechos especiales de giro- por apenas u$s16.000 millones. Paralelamente, el superávit comercial, la última fuente genuina de billetes verdes, se espera que no supere los u$s3.500 millones, constituyéndose en la cifra más baja desde la salida de la convertibilidad. 

“Esto implica que hasta tanto no se resuelvan dichas tensiones o se logren acuerdos con organismos internacionales de crédito, es poco probable que se cuente con el margen para realizar una flexibilización efectiva de las importaciones”, advirtieron desde la consultora Abeceb.

En buen romance, el próximo Gobierno estará ante un peligroso dilema: cumplir el fallo a costa de perder dólares o cuidar las arcas del Central pero sufriendo más represalias. 

“La Argentina deberá cumplir la sentencia. En esta instancia, la OMC no va a aceptar un simple cambio de maquillaje y que se reemplacen las DJAI por otro sistema igual de arbitrario. En caso de que se cometa ese error, entonces ahí sí podrán sobrevenir sanciones, una muy mala noticia porque sería otro golpe para nuestras exportaciones, que vienen cayendo a un ritmo del 20%, afirmó Elizondo. 

¿Qué camino queda entonces? En primer lugar, en lo que no hay margen de dudas es en que sí o sí se deberá modificar el actual sistema de DJAI. 

En este sentido, desde Abeceb hacen una salvedad: “Si bien no será necesario eliminar el mecanismo, en caso de mantenerlo sí habrá que adaptarlo a las normas del organismo internacional, otorgando mayor transparencia y justificando los tiempos de demora y las razones por las cuales se rechaza”. 

En la actualidad, si un pedido de importación no es aprobado, la Secretaría de Comercio Interior no informa las causas, lo que hace que el sistema se preste a manejos arbitrarios. 

Para subsanar estas y otras falencias, contrarias a la normativa internacional, el secretario Augusto Costa comenzó a convocar a cámaras empresarias para delinear un paquete de mejoras a la actual normativa, de modo de ir adecuándola a los requerimientos de la OMC.

Posteriormente, una vez que asuma la nueva administración, se deberá definir qué esquema se implementa y si éste es avalado por el organismo internacional. 

Frente a un esperado escenario de escasez de divisas, según Ponce, es de esperar “que el nuevo Gobierno solicite una prórroga ante la OMC. Es decir, que muestre buena voluntad en las negociaciones para recibir a cambio ciertas contemplaciones”. 

De acuerdo con Elizondo, en este caso, se podría abrir un “período de gracia” de hasta 90 días, con lo cual la implementación de un nuevo sistema de control de importaciones podría llegar a posponerse hasta finalizado el mes de marzo. 

“Esa fecha coincide con la llegada de los primeros sojadólares y da un cierto margen para que la futura administración intente negociar algún tipo de acceso al mercado financiero para así contar con más dólares que permitan cierta flexibilidad para autorizar compras al exterior”, acotó. 

En este contexto, dependiendo de quién triunfe en las próximas elecciones presidenciales, Ponce afirmó que hay posibilidades de que se reflote el viejo régimen de licencias no automáticas. Si bien fueron objetadas por la OMC, son un mecanismo absolutamente legal y en línea con las normativas de comercio internacional.

Dichas licencias se tratan de un permiso especial simple que debe solicitarse para poder importar un producto. En general, las aprobaciones se dan en el lapso de 30 días.

El problema es que Moreno, ante la falta de dólares, fue dilatando estos tiempos a punto tal que los plazos se estiraban hasta un año, lo que causó el enojo del organismo internacional. 

Según Ponce, “se podría volver a un sistema así, pero está claro que el próximo Gobierno deberá administrarlo de manera más transparente y sin esas dilaciones para no sufrir represalias”. 

Esto implica, especialmente, que su aplicación no podrá ser indiscriminada, sino que se deberán elegir bien cuáles son los sectores sensibles que se beneficiarán con una protección especial. 

Otra alternativa factible para remplazar a las DJAI, según Abeceb, sería apelar a “otros mecanismos, similares a los de los países desarrollados, que incluyan la intervención de organismos técnicos que revisen parámetros sanitarios y de calidad, funcionando a modo de barreras para-arancelarias”. 

En el terreno de lo práctico, implicaría crear y actualizar un gran paquete de medidas que, por ejemplo, fijen estándares más elevados para la indumentaria, los juguetes, los electrónicos y todo el universo bienes de consumo. 

Sin embargo, advirtieron desde Abeceb que “la experiencia de las licencias no automáticas ha dejado en evidencia que este tipo de instrumentos requiere de un aparato administrativo amplio y muy eficiente, para evitar la formación de cuellos de botella y no recaer en nuevas denuncias ante la OMC”. 

¿Qué riesgos enfrenta la Argentina? 

Para Elizondo, sea cual fuere la herramienta elegida, “deberá aplicarse con inteligencia, porque si no podrá caer una sanción comercial que va a terminar afectando a nuestras empresas y se complicará aun más la generación de dólares". 

En este punto, el organismo internacional no está habilitado a aplicar la “multa” de manera directa, sino que debe dar luz verde a los países que efectuaron la demanda a implementar represalias comerciales.

Una de las formas posibles sería a través de una suba de aranceles a determinados productos argentinos. Esto los encarece en el mercado de destino, haciendo inviable su comercialización. 

Para ello, estas naciones previamente deberán demostrarle al organismo la dimensión del daño causado por las trabas aduaneras. Recién ahí estarán habilitadas a aplicar restricciones por un valor similar.

¿A cuánto podría ascender la multa? Desde Abeceb destacan que en 2014 las exportaciones de la Unión Europea hacia la Argentina alcanzaron los u$s11.400 millones; las ventas de Estados Unidos totalizaron u$s9.000 millones, mientras que las de Japón sumaron casi u$s1.370 millones. 

Así, las compras desde esos tres orígenes alcanzaron los casi u$s22.000 millones. 

Según Elizondo, se estima que los países demandantes consideran que en los últimos años se han visto afectadas sus exportaciones por entre un 20% y un 30% del total de lo enviado hacia la Argentina. 

En ese caso, las sanciones potenciales podrían alcanzar los u$s6.000 millones anuales. 

¿Un as bajo la manga?

Pese a que en lo formal el próximo Gobierno estará muy limitado a la hora de implementar restricciones aduaneras a las importaciones, expertos advierten que todavía queda una rendija abierta: la posibilidad de que el Banco Central cobre más protagonismo y sea el que termine ejerciendo el rol de “guardián de las fronteras”. 

Lo cierto es que la entidad que conduce Alejandro Vanoli ha venido teniendo un rol muy activo en el comercio exterior, en especial durante el verano pasado, cuando dejó sin dólares durante varios días –y sin dar ningún argumento- a grandes importadores. 

Incluso, el propio Costa, al ser consultado sobre la postura de la OMC ante las demoras en la entrega de divisas, dejó un concepto que resonó con preocupación en los oídos de los empresarios: “El fallo tiene que ver con las DJAI y con el sistema de comercio. No con el tema de las divisas”. 

Sobre este punto, Ponce reconoció como probable que “en un nuevo escenario sin Declaraciones Juradas se profundice la intervención del Banco Central o incluso de la AFIP, que podrían acentuar su poder sobre las operaciones de importación, en detrimento de otras carteras, como la Secretaría de Comercio”. 

En una línea similar se expresaron desde Abeceb: “Dado que la OMC sólo tiene injerencia comercial, no se puede descartar que a futuro persistan intervenciones de la AFIP o del BCRA, no autorizando divisas a importadores. Ello excedería el ámbito de intervención del organismo internacional”. 

Para Elizondo, de darse este escenario, “será una mala señal, porque marcará la continuidad del mismo estilo de gestión que derivó en el fallo condenatorio". 

Además, "la Argentina necesita amigarse con los mercados, tanto a nivel financiero como a nivel comercial. Por eso, no sería la manera más prolija de arrancar una nueva etapa”.