La Unidad Punta de Rieles -así se llama el consorcio que forman Teyma-Abengoa, Inabensa y Goddard- emitirá Obligaciones Negociables por unos u$s 90 millones y pagará una tasa de interés fija del 5,85% nominal anual. El plazo de la emisión es de 24 años y 11 meses.

El costo previsto del proyecto es de u$s 122,15 millones, por lo que la diferencia será aportada por los accionistas, según el prospecto de emisión.

Según consultas que realizó El País en el mercado de capitales, las cuatro administradoras de fondos de pensión (Integración, República, Sura y Unión Capital) tienen intención de comprar los títulos. También se sumarían otros inversores institucionales (bancos, aseguradoras), ya que al ser un plazo largo es muy difícil que ingresen inversores minoristas, agregaron.

El plazo del contrato del Proyecto de Participación Público Privada (PPP) será de 27 años y medio a partir de su firma, lo que ocurrió el pasado 9 de junio.

La modalidad de financiamiento utilizada es el "project-bond" donde emite una "compañía de objeto específico (Unidad Punta de Rieles en este caso), que es la concesionaria" y no las empresas accionistas como Teyma o Inabensa, explicó a El País, Nicolás Piaggio socio de Guyer & Regules que actúa como asesor legal del emisor.

La Obra

El terreno en Punta de Rieles donde se construirá la cárcel tiene un área total de 25 hectáreas. El establecimiento tendrá más de 36.000 metros cuadrados de área techada y alrededor de 14.000 metros cuadrados de espacio exterior.

El centro contará con una capacidad para 1.960 reclusos y 310 espacios adicionales destinados al uso exclusivo del Instituto Nacional de Rehabilitación, barreras físicas, servicios de comida y tienda de economato.

El consorcio deberá mantener durante los años de contrato la infraestructura, los equipos y sistemas de seguridad, el equipo estándar y se encargará de la alimentación de los reclusos, de la lavandería, la limpieza y el control de plagas y el economato.

El Estado se encargará de la seguridad y las políticas de rehabilitación. A cambio de la construcción, mantenimiento y parte de la operación de la cárcel, el Estado abonará al consorcio $u 558 al día por recluso (que se ajustarán por la inflación y la evolución de los salarios).

El pago se incrementará además si la población carcelaria supera el 120% de la capacidad.