El fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, advirtió este jueves que esa provincia deberá ser intervenida el 28 de octubre si es que antes la Justicia no resuelve la situación de fondo de los comicios, ya que no existe una Ley de acefalía.

"El nuevo gobernador debería asumir el 28 de octubre. Y como no existe una Ley de acefalía, aquí cabe la intervención", señaló en declaraciones radiales.

Y evaluó que el gobierno nacional podría nombrar "un interventor del mismo signo político, e incluso al propio (Juan) Manzur", candidato a gobernador del Frente para la Victoria que, según los resultados del escrutinio definitivo cuestionado por la oposición, se impuso por casi 12 puntos sobre su rival del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano. El kirchnerista obtuvo el 51,64% de los votos contra el 39,94% del ApB.

Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativa declarara el miércoles nulas las elecciones del 23 de agosto, el fiscal dijo que se podría votar el próximo 25 de octubre, cuando se realicen los comicios presidenciales, pero anticipó que, en ese caso, el cuarto oscuro será "un caos".

El funcionario judicial tucumano reconoció que no hay antecedentes en la Argentina de una elección anulada. Este es el primer caso de la historia.

"Anulación total y absoluta no había habido -recordó- En 1991 estuvo muy cerca de declararse en Santiago del Estero, pero la Cámara Nacional Electoral en ese momento dijo que podían darse las condiciones para declarar el fraude, pero ya se había proclamado un ganador y eso era como que hacía borrón y cuenta nueva".

En Tucumán no sucede lo mismo porque, según explicó Gómez, aún está firme la medida cautelar que ordenó no proclamar un nuevo gobernador, aún cuando se haya terminado el recuento definitivo.

El kirchnerismo no quiso apelar esa decisión y es por ello que "durante todo el trámite esa cautelar está firme hasta tanto haya cosa juzgada", señaló.

Ahora, ante el fallo de Cámara en lo Contencioso Administrativo tucumana, el kirchnerismo tiene que elegir qué camino legal seguir. Según el fiscal Gómez, dos son las alternativas: pueden presentar un recurso ante la Corte Suprema provincial o bien pueden solicitar un per saltum para recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó esta mañana de "disparate jurídico" el fallo judicial que anuló las elecciones tucumanas, acusó a los magistrados que lo adoptaron de cometer el "delito de prevaricato" y vaticinó que finalmente será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que "resolverá" la situación.

"Es uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia argentina. Esto termina inexorablemente en la Corte, que va a tener que intervenir y resolver estas cosas", afirmó.