El Gobierno vuelve a la carga contra el desembarco del Grupo Clarín en Nextel a través de la compra de parte de la operadora de telefonía celular por parte de Cablevisión.

Las órdenes llegaron de la propia presidenta, Cristina Kirchner, quien lo hará utilizando los organismos encargados de controlar y regular el mercado de las telecomunicaciones como son la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y también la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Los entes que presidente Norberto Berner y Martín Sabbatella respectivamente son la punta de lanza que está utilizando el kirchnerismo para rechazar la operación. Después de una embestida inicial sobre el anuncio que hizo Clarín el pasado 15 de septiembre, cuando comunicó haber pagado u$s167 millones por el 49% de Nextel Argentina, ahora la Aftic buscará aplicar el artículo 13 de la Ley 27.078 ‘Argentina Digital’ para desarmar la transacción.

Según este artículo de la norma que regula el mercado de las telecomunicaciones, un deal de este tipo necesita aval previo del organismo y que si este paso no se cumple, puede ser anulada.

"La transferencia, la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier gravamen sobre la licencia y toda modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales, en los términos de la reglamentación vigente, deberán obtenerla previa autorización de la Autoridad de Aplicación, bajo pena de nulidad", señala concretamente el artículo.

De hecho, la propia Cristina rechazó una recusación interpuesta por el Grupo Clarín, Cablevisión y Nextel en contra de Berner y de Nicolás Ernesto Karavaski, director del mismo organismo designado por el Poder Ejecutivo.

La negativa fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1950/2015 y asegura que los funcionarios negaron las causales invocadas para impedirles intervenir en la causa abierta sobre el ingreso de Cablevisión en Nextel, bajo apercibimiento de formular denuncias judiciales en contra de ambos.

"Las alegaciones referidas tendientes a evitar la intervención de las autoridades recusadas en todas las decisiones y resoluciones que se tomen en el marco de algún expediente que en el futuro se refiera a Cablevisión o Grupo Clarín no resultan procedentes por ser genéricas, dogmáticas, indeterminadas y carentes de toda prueba", se explica en el decreto.

Según la Aftic, Cablevisión y el Grupo Clarín "pretenden crear artificiosamente una situación para poder ejercer válidamente derechos que no les corresponden". Por lo tanto, el organismo interpreta que es necesario "rechazar in limine la recusación planteada por falta de legitimación activa", según El Cronista.

A partir de este planteo, la Aftic interpreta que debe analizar el desembarco de Cablevisión en Nextel para "garantizar la objetividad, neutralidad e independencia de la decisión" y también para "asegurar la realización de un fin público por la misma administración, con arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia; todo ello dentro del respeto debido a los derechos de los particulares".

En el caso de la recusación interpuesta por Nextel en contra de Berner, el organismo legitimó la presentación al ser "parte interesada en los expedientes individualizados". De hecho, Nextel recusó al titular de la Aftic por tener denuncias penales en su contra por la comisión de varios delitos tipificados en el Código Penal.

Según la compañía, "existen reiterados e innumerables antecedentes de actos de agresión, aplicación selectiva y arbitraria de leyes y resoluciones y de desconocimiento de derechos fundamentales por parte del PEN, sus Ministerios y dependencias en contra de Grupo Clarín, Cablevisión y empresas vinculadas".

Sin embargo, el rechazo de la Aftic se basa en que Berner no fue denunciado por Nextel sino por empresas que no fueron legitimadas como querellantes.