Representantes del Ministerio de Economía reconocieron ante la jueza María José Sarmiento que no podrán informar el índice de pobreza porque no es medido desde finales de 2013.

Hace tres semanas, la magistrada del fuero Contencioso Administrativo Federal ordenó que el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) entregue las cifras luego de un pedido de amparo de la diputada Victoria Donda (Progresistas). En 2013, el Gobierno discontinuó los datos de pobreza con el argumento de un "problema de empalme" a partir del cambio en el método de medición de la inflación. Desde entonces no da números.

Ante la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía aseguró que no podía entregar los datos reclamados porque la medición no es realizada desde 2013. Como ya hizo en otras ocasiones el director del Indec, Norberto Itzcovich, pusieron a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.

"Cabe reiterar a VS (vuestra señoría) que el índice particular cuya publicación pretende la amparista directamente no se produce. Por ende, la no producción de un índice particular para medir una determinada variable no configura agravio alguno, máxime cuando el Indec produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante", indicó el Ministerio de Economía en el escrito, según reproduce el diario La Nación.

Pero el escrito no fue la primera respuesta del Gobierno a los reclamos para que se informe cuántos pobres hay en el país. En cuanto se conoció el recurso de amparo presentado por Donda, el ministro Axel Kicillof salió a asegurar por los medios: "Si quiere salir en los medios, que se ponga las plumas". Luego, debió salir a aclarar que en realidad no tuvo intención de hacer un comentario machista.

En su primer fallo, la jueza Sarmiento recordó el decreto 1172 para el acceso a la información pública firmado por Néstor Kirchner en 2003 y aseguró que "toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado". En su escrito, la Dirección de Legales de Economía argumentó que podía no entregar la información porque la diputada no está afectada de manera directa por la ausencia del índice de pobreza.

Ahora resta conocer si la magistrada dará por válida la respuesta del gobierno nacional. Si la rechaza, puede pedir que la causa se abra a prueba y citar testigos que muestren cálculos de pobreza o avanzar en una sentencia sobre la cuestión de fondo.

La semana pasada, el diario La Nación reveló que el propio Ministerio de Economía trabajó durante años en un cálculo de pobreza alternativo. Inquietos por los resultados que arrojaba, decidieron nunca hacerlo público. Mientras tanto, el país sigue sin saber cuántos pobres tiene.