Apenas pasarán siete días desde la asunción de Mauricio Macri para una reunión a la que convocó el juez Thomas Griesa, que será clave para el futuro del Bonar 2024, uno de los pocos canales de financiamiento del Gobierno que los fondos buitre intentan congelar.

A pedido de los bancos BBVA, JP Morgan y Deutsche Bank, Griesa convocó a una audiencia para el 17 de diciembre para escuchar los argumentos de las entidades financieras y el fondo NML en una pelea por el acceso a información sensible sobre las últimas colocaciones de ese bono que hizo el gobierno de Cristina Kirchner.

Los bancos y NML están encerrados desde hace meses en una puja judicial. El fondo de Paul Singer ha presionado a las entidades para acceder a información que le permita probar que el bono es "deuda externa" argentina, y, por ende, debe quedar dentro del mandato judicial de Griesa que prohíbe concretar pagos de la deuda a los bonistas reestructurados, a menos que la Argentina cancele las sentencias a favor de los demandantes.

El último pedido de los litigantes involucró datos sensibles: la identidad de los inversores que participaron de las colocaciones del Bonar. Los bancos le hicieron saber a Griesa que esa información era "altamente confidencial", y le reclamaron que anulara los pedidos de los fondos buitre o, en su defecto, ordenara que fuera disponible sólo para los abogados.

"El suministro de dicha información a los demandantes les daría una idea de las estrategias de los clientes de JP Morgan, comportamientos comerciales y la voluntad de buscar exposición al riesgo de la deuda argentina", indicó JP Morgan en el último escrito que le presentó al juez.

"Los propios demandantes, por supuesto, no revelan tal información sobre sus intereses comerciales; JP Morgan no debe ser obligado a entregarles a ellos información sobre los intereses comerciales de otros", agregaron los abogados de la entidad.

Para los abogados de NML, este argumento de los bancos "no tiene sentido", según uno de los escritos presentados ante Griesa, en parte porque "las transacciones que pueden haber ocurrido hace meses o años serían irrelevantes para futuras decisiones de inversión".

Si los fondos no logran acceder a más información para convencer a Griesa de congelar los pagos del Bonar 2024 al incluirlo en el mandato judicial de la causa "pari passu", el futuro gobierno de Mauricio Macri podrá contar con ese canal para obtener financiamiento fresco. Además, esa decisión podría darle mayor oxígeno al futuro equipo económico a la hora de sentarse a negociar un acuerdo con los holdouts.

Un fallo en contra de la Argentina que ponga en peligro las transferencias del Bonar 2024 fortalecería la posición de los fondos buitre, que han buscado de manera insistente bloquear esos pagos.

Con todo, la pelea por el Bonar podría pasar a un segundo plano o incluso ser irrelevante si un eventual inicio de negociaciones en busca de un acuerdo que ponga punto final a la prolongada puja por la deuda incluye, por orden de Griesa, una medida cautelar, o stay, en la jerga judicial, que le permita al Gobierno salir del "default técnico".

La última vez que los abogados del país pidieron ese stay, los demandantes exigieron que la Argentina hiciera un depósito en garantía, según consigna La Nación.

Ahora, luego del fallo a favor de los "me too", el monto de la deuda impaga que deberá negociar la Argentina para salir del "default técnico" es de unos u$s8.000 millones.