El Gobierno analiza volver para atrás con la ley que limita la venta de acciones de empresas que, como parte de sus inversiones, tienen el fondo de garantía del sistema previsional que gestiona la ANSES.

La justificación es que la obligación de obtener un permiso del Congreso cada vez que se quiera hacer cambios en las tenencias accionarias es un paso burocrático que puede perjudicar al fondo.

"Con lo rápido que se mueven los mercados, la ley no permite actuar en caso de que haya un problema" y sea necesario vender acciones para preservar el valor del fondo, dijo a La Nación el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien agregó que lo establecido "debería cambiarse por otra ley".

Además puntualizó que, en un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se nombrarán nuevos directores en las compañías en las que hay participación accionaria del Estado. Según Basavilbaso, los directores anteriores, designados por el kirchnerismo, "funcionaban como policías de la economía, y a muchos los había elegido Kicillof para adoctrinar a las empresas" y no para cuidar el fondo del sistema jubilatorio.

En sus últimos meses en el poder, la presidenta Cristina Kirchner promovió la iniciativa que dio origen a la ley 27181. Allí se establece que en nada puede modificarse la inversión en acciones "sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación", y se prevé también la creación de una agencia especial de participaciones estatales en empresas privadas.

Antes de ese proyecto, aprobado dos meses antes del cambio de gobierno, el kirchnerismo había tenido otras posiciones sobre el tema. Al anunciarse la eliminación del régimen de capitalización -del que fueron tomados en su gran mayoría los recursos del fondo-, el entonces director de la Anses Amado Boudou había dicho que el Estado vendería progresivamente acciones y que el objetivo era que no se superara el 10% del capital de las empresas. Las tenencias representaban bastante más en muchos casos y eso no varió.