En sus primeros días como presidente, Mauricio Macri había recibido en Olivos a todos los mandatarios provinciales para lograr el objetivo de "alcanzar un equilibrio en la distribución de los ingresos".

Pero el aumento en la cuota de coparticipación que le dio a la Ciudad de Buenos Aires encendió el reclamo de los gobernadores peronistas, quienes amenazaron con recurrir a la Justicia para que les sean otorgados los fondos que el Gobierno nacional les retiene y hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema que benefició a Córdoba, San Luis y Santa Fe.

En medio de un clima cada vez más tenso, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, recibieron a trece mandatarios provinciales opositores.

En esa cumbre, los funcionarios macristas les prometieron publicar un decreto que corrija el porcentaje de coparticipación que se le asignó a la Ciudad, además de ponerse al día con la deuda por obra pública y planes sociales en un lapso no mayor a cinco semanas.

La medida se precipitó luego de que se conociera que el mismo miércoles, el gobierno de Mauricio Macri había anunciado el envío de un adelanto financiero a provincias “amigas”, lo que derivó en un descontento que amenazó con llegar a los tribunales.

Sólo uno de los mandatarios provinciales recibidos en Casa Rosada fue beneficiado con $300 millones, el entrerriano Gustavo Bordet. Las otras seis provincias elegidas fueron Córdoba, Jujuy, Mendoza, Chubut, Santa Fe y Neuquén.

Plan "plata para todos"

El propio Macri había adelantado el martes en la provincia de Córdoba que no iba a habilitar partidas para todas las provincias.

"No se puede andar asistiendo al que no hace las cosas bien", advirtió el Presidente en un acto que compartió junto al gobernador peronista disidente Juan Schiaretti.

En ese mismo acto, remarcó que "la coparticipación es una vieja deuda pendiente", aunque no aclaró si el Gobierno estudia enviar un proyecto sobre ese tema y cumplir tras 20 años con un mandato constitucional.

"En las próximas cinco semanas nos vamos a poner al día", aseveró en conferencia de prensa Frigerio tras la reunión. Pero esa transferencia de fondos no será gratuita, ya que el funcionario remarcó que a la par del dinero también se estarán "transfiriendo responsabilidades". 

Así justificó la asistencia financiera que el macrismo le dio a la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia del traspaso de una parte de la Policía Federal al ámbito porteño.

Otro de los funcionarios que participó del encuentro fue el salteño Juan Manuel Urtubey, quien contó que la idea es "explorar las vías para que crezca la coparticipación a través de mecanismos correctivos que permitan mayor equidad entre Nación y las provincias y de las provincias entre sí".

"La vía judicial es el último recurso. Si nos podemos poner de acuerdo antes, es mejor para todos, pero nosotros debemos reclamar por los fondos que les corresponden a las provincias porque es nuestro deber como representantes", señaló el gobernador de Salta.

Consultado sobre la frase de Macri de priorizar a las provincias que "hacen las cosas bien", Urtubey afirmó: "Me parece bien tener parámetros objetivos. Lo que se busca es bajar los niveles de discrecionalidad en la relación Nación-provincias".

Los gobernadores peronistas se reunieron el sábado en San Juan y, a través de un comunicado, explicaron que sus exigencias son la devolución del 15% de la coparticipación que la Nación les retiene desde 1992 para la Anses, el pago de deudas previsionales y la reactivación de obras públicas.

"Es imperioso" que la restitución de la coparticipación "se resuelva a través de la política", indicaron los mandatarios provinciales, quienes agregaron que, de lo contrario, "las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial", al tiempo que recordaron que "la Corte ya fijó un precedente".

Frigerio dijo que en las próximas dos semanas representantes del Ejecutivo nacional se reunirán con técnicos de cada provincia para acercar posiciones y señaló que cancelarán las deudas que ascienden a $7.000 millones en infraestructura y $3.000 millones en concepto de planes sociales.

Además de Urtubey y de Bordet, participaron de la reunión los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa), Roxana Bertone (Tierra del Fuego) y Domingo Peppo (Chaco). Estuvieron además los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y su par de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Pero Macri también debe lidiar con “fuego amigo”, ya que el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, también está dispuesto a ir a la Justicia para conseguir que se le restituya el 15 por ciento.

"En el año 96 se hizo la transferencia de las escuelas sin presupuesto. Ahora estamos pagando las consecuencias. La provincia de Corrientes necesita algo diferente. El 15% es plata nuestra. Por eso vamos a tener que ir a la Justicia por el DNU de Macri. Esta plata significaría un ingreso anual para Corrientes de 1.500 millones de pesos por año", señaló el mandatario correntino a principios de semana.

Congreso

El 24 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional para financiar a la ANSES.

El fallo, además, suspendió de manera inmediata los descuentos que el Estado efectuaba a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.

También, exigió al Gobierno nacional y al Congreso que concreten la reforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994.

Apenas unos días después del fallo de la Corte, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, decidió por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2635/2015, que se deje de descontar a las provincias el 15% de la coparticipación de impuestos y el 1,9% de la recaudación neta de impuestos y recursos aduaneros que se destina a financiar los gastos operativos de la AFIP.

Con esta decisión, el Gobierno cedía a las provincias $125.000 millones que iban a la ANSES y la AFIP. Pero no duró mucho.

También a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Mauricio Macri decidió derogar la medida de Cristina Kirchner.

Con un nuevo DNU, Macri anuló el decreto 2.635/2015 que la entonces Presidenta había firmado para que todas las provincias pasasen a cobrar el 15% de los impuestos coparticipables que hasta entonces la Nación les retenía.

En caso de que el macrismo se decida a enviar un proyecto sobre este tema, ninguna provincia puede resultar perjudicada por la aparición del nuevo régimen.

La ley tendrá como origen al Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no pudiendo ser modificada unilateralmente, ni reglamentada, debiendo ser aprobada por las provincias. Esto implica que el macrismo debe conseguir el apoyo de 48 de los 72 senadores y de 170 diputados de los 257 que componen la cámara baja.

El jefe del bloque FpV, Miguel Angel Pichetto, viene marcando diferencias con el kirchnerismo y trata de mostrarse en un punto de equilibrio.

En ese sentido, señaló la importancia de la restitución del porcentaje en disputa, como así también “la continuidad de las obras públicas contempladas en el presupuesto de 2016 que votamos el año pasado en el Congreso de la Nación”.

Asimismo, reclamó que se reanude financiamiento de las obras públicas que se encuentran paralizadas desde octubre.

Por lo pronto, el Gobierno normalizará los pagos en el término de cinco semanas. El plan "plata para todos" busca, al menos en esta primera etapa, desactivar cualquier reclamo por la vía judicial.