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En vísperas de las paritarias, petroleros tomaron una planta y obreros cortaron las rutas en el sur. Bancarios y estatales preparan más medidas
03/02/2016 - 09:20hs

El estallido de protestas en el sector privado a raíz de los despidos y deudas salariales complicó la hoja de ruta del Gobierno para encausar las paritarias en un clima de paz social.

Se trata de conflictos localizados en la industria petrolera, construcción y el rubro bancario, donde los trabajadores lanzaron en las últimas horas paros, cortes y hasta la toma de una planta.

La conflictividad se agravó en una jornada en la que el Presidente tuvo que salir a poner paños fríos con una convocatoria repentina a los gremios para discutir salarios "esta semana o la que viene", sin precisar la fecha de la reunión ni a quiénes invitará para la ocasión.

La reacción oficial llegó luego de que diversos dirigentes sindicales rechazaran el techo salarial del 25% sugerido por el ministro de Trabajo Jorge Triaca.

En respuesta, salieron a pedir aumentos de entre el 30% y el 40%, alegando el impacto del "tarifazo" en las boletas de luz y los incrementos previstos para el gas.

"Nosotros aspiramos a una inflación en el año entre un 20% y un 25%, pero en las paritarias vamos a sentarnos a discutir para encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta el esfuerzo en el que tenemos que ser todos parte para bajar la inflación", dijo el Presidente.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo intentaba llevar calma al sindicalismo, los planes oficiales para moderar la discusión salarial con promesas extra remunerativas (Ganancias, asignaciones familiares, obras sociales e IVA) se vieron sacudidos por un raid de conflictos, con epicentro en el sur del país, donde el equipo de Macri había cerrado acuerdos durante la semana.

Desde el martes, trabajadores de Lufkin, procedentes de Santa Cruz, tomaron la planta de la empresa petrolera ubicada en el barrio industrial de Comodoro Rivadavia, en Chubut, para reclamar el pago de renuneraciones adeudadas a un centenar de petroleros.

La medida ya se había puesto en práctica el lunes por la mañana, cuando los dependientes cortaron los accesos a la firma y paralizaron las tareas de los 250 metalúrgicos que trabajan en el establecimiento, dedicado a la fabricación y reparación de bombas para la extracción de crudo.

"Vamos a acampar acá pero si no se resuelve tomaremos la sede del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia. Iremos hasta las últimas consecuencias", advirtió el delegado de los trabajadores de Lufkin, Juan "Toja" Carabajal.

Luego de que los petroleros de Chubut amenazaran con dejar sin gas ni petróleo a todo el país, el gobernador de la provincia y el Gobierno llegaron a un acuerdo: subsidiar a las operadoras para evitar 10.000 despidos.

Sin embargo, los trabajadores consideraron que su situación no se ha modificado, de modo tal que continuaron con su plan de lucha.

Este conflicto es uno de los tantos que sacude a la Patagonia, afectada por la caída del precio internacional del petróleo pero también por la parálisis de la obra pública y privada.

En este sentido, los trabajadores de la construcción cortaron las rutas de siete localidades en Santa Cruz en reclamo del pago de salarios adeudados por parte de la firma Austral Construcciones, del kirchnerista Lázaro Báez.

El clima de tensión en la provincia de Alicia Kirchner no afloja. Según informaron fuentes gremiales a iProfesional, a las 1.000 cesantías en la empresa de Báez se sumaron 1.200 despidos en la industria petrolera.

Esto último, a raíz de la baja de equipos de las principales operadoras que, a su vez, impactó en las contratistas como Huinol, la cual se deshizo de 35 empleados en las últimas semanas.

Protestas en la City

En tanto, los bancarios se reunirán este miércoles para definir próximas medidas de fuerza con el fin de que sea reincorporado el personal cesanteado en el Banco Central y en el Banco provincia, luego de que fracasara la reunión entre el gremio y los funcionarios de la autoridad monetaria en el Ministerio de Trabajo.

"Están pasando por encima de (Jorge) Triaca", dijo el vocero de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, en referencia al ministro.

A raíz del conflicto, los trabajadores paralizaron las actividades del Provincia, mientras la Asociación Bancaria realizó un piquete en el BCRA que impidió el ingreso y la salida de los camiones de caudales.

El sindicato viene de acordar una suma puente de $9.000 que aplazó su paritaria hasta marzo. En la visión del Gobierno, un esquema de este tipo se ha convertido en el modelo a seguir.

Tanto los funcionarios como la cúpula sindical plantean la necesidad de desdoblar las paritarias en dos partes. Por el lado de los primeros, porque aguardan una caída de la inflación y, de los segundos, por temor a pactar por debajo de los incrementos de precios.

El secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, manifestó que existe la posibilidad de avanzar con "una paritaria por seis meses".

"Después de que podamos ir demostrando cómo va cayendo la inflación a lo largo del año, se puede ajustar (para el segundo semestre) con otro número", completó.

Sabor destacó el acuerdo logrado por los empleados bancarios, que acordaron postergar la negociación salarial hasta fin de marzo a cambio de un monto fijo repartido en sumas iguales durante los primeros tres meses.

Es que esta dilación le posibilita al Gobierno contar con un mayor margen de tiempo para que "la economía se vaya ajustando y la inflación vaya bajando".Estado más chico, protestas más grandesDe los casi 600.000 trabajadores que se desempeñan en la Administración pública nacional, se encuentran actualmente en revisión los contratos de unos 60.000 (10%). Esa supervisión corre por cuenta y orden del ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

"Nuestro objetivo es fortalecer el Estado. La precarización laboral de los contratados, que son más de 60.000 los que ha dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores, son una muy mala forma de querer fortalecer el Estado", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De ese total, a ojos de los funcionarios, 25.000 personas se desempeñan con acuerdos precarios, ya sea por contrataciones transitorias o realizadas a través de universidades.

Antes de que concluya el primer trimeste, es muy probable que pasen a engrosar la nómina conformada por quienes ya fueron dados de baja, lo que sumará mayor tensión al actual contexto laboral.

"En el 2003, el personal de la Administración Pública Estatal (Estado, Provincias y Municipios) se componía de 2,4 millones de trabajadores, mientras que en la actualidad llegan a 4,2 millones", señaló el economista Orlando Ferreres.

Además, afirmó que esos casi dos millones de nuevos puestos que se sumaron hicieron que los "empleados públicos pasen a representar hoy día el 27% del total de ocupados".

Reacción "anti-despido"

A raíz de las censatías ya realizadas y las que están por venir, el otro sector que quiere hacerse sentir en las calles es el de los estatales.

De hecho, la CTA de Hugo Yasky ya anunció la convocatoria a medidas de fuerza para las próximas semanas.

Por otro lado, en vísperas de la negociación que iniciarán los maestros bonaerenses, la central rechazó el "techo" del 25%, llamó a defender el empleo y se pronunció contra la criminalización de la protesta.

En esa línea, el líder de Suteba, Roberto Baradel, que pisa fuerte en la central de Yasky, adelantó que los incrementos en las remuneraciones deben estar "entre el 35% y el 40%", ya que tienen que permitir "recuperar poder adquisitivo ahora", aunque pensando "en volver en mayo para ir monitoreando" la situación económica.

El sector de Yasky y Baradel lanzó la medida de protesta sin fecha, luego de que ATE nacional anunciara que definirá una acción similar, que tendría lugar a fines de febrero, con la consigna de enfrentar los despidos, que es una de sus principales banderas, tal como fuera adelantado por iProfesional.

Más reacio a definir medidas, el titular de la CGT "anti-K", Hugo Moyano, advirtió: "Si son paritarias libres, son paritarias libres. Ahora, si quieren limitarlas que lo digan y empezamos a hablar en otro idioma".

La postura del camionero fue secundada posteriormente por los gremios del transporte nucleados en la confederación de la actividad (CATT), liderada por su ladero Juan Carlos Schmid, quien se pronunció contra un "techo" en los acuerdos por salarios y se opuso a los despidos en su sector.

Schmid adelantó que los gremios del rubro iniciarán las negociaciones "con un piso de un 30%". A su vez, manifestó su "rechazo a los despidos al considerar que "no es la lógica para llegar a cualquier tipo de acuerdo".

"Hemos hecho una revisión lo más precisa posible alrededor del conflicto en el sector aéreo con Sol y estamos muy preocupados porque todavía no ha parecido una solución de fondo", reflexionó.

Cumbre gremial y cambio en la hoja de ruta

En un contexto signado por los cruces entre gremios y el Gobierno, Marcos Peña aclaró que "en estas negociaciones se buscará que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo y las condiciones laborales".

"Las paritarias son libres y no hay una fecha para que se cierre la discusión. Cada una es distinta, agrupa a su Cámara y hay que tener en cuenta que hay muchísimos trabajadores que no están en un sindicato", afirmó.

En el mismo sentido, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hizo un guiño a los gremios al referirse a un tema sensible como son los precios de los alimentos.

Sostuvo que en los puntos de venta se registra un precio "excesivo" en los cortes de carne y adelantó que volverá a funcionar el organismo de Defensa de la competencia para "ordenar" algunos abusos del sector empresarial.

Comentó que estuvo en un supermercado y se sorprendió al ver que el kilo de asado cuesta $140 pesos, cifra que consideró excesiva.

Por lo pronto, Macri y equipo comienzan a encontrarse con algunas limitaciones en la "hoja de ruta" trazada para los primeros cien días y ya han tomado nota de esto. 

Prueba de ello es que, por primera vez desde que asumió, debió llamar a una repentina cumbre de gremios de la que participarán los dirigentes de las principales centrales obreras. 

La política de "shock" pensada en materia de salarios, empleo y achique del sector público posiblemente sea dosificada con algo de gradualismo.

Más aun, en un contexto en el que se anunciarán más despidos en el Estado, lo que agudizará la conflictividad, en pleno tarifazo, devaluación y suba de precios. 

Por lo pronto, es probable que la "luna de miel" en el campo laboral sea un poco más corta que en el plano financiero.

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