La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, le reclamó a Vialidad Nacional que le rescinda las obras al empresario Lázaro Baez, a la vez que el Ministerio de Seguridad envió efectivos de la Gendarmería hacía la provincia para intervenir en ocho localidades donde se desarrollan piquetes de trabajadores.

"No estoy de acuerdo con la represión pero todo tiene un límite", señaló la mandataria respecto al pedido que ya había sido planteado días atrás por el Fiscal Federal ad hoc Fabricio Sachi, sin novedades hasta el momento.

La veintena de piquetes en distintas localidades santacruceñas provocaban desabastecimiento e impacto económico en las arcas provinciales, además de traer consecuencias sociales y de salud, en el marco de las protestas de trabajadores de la construcción por el pago de sueldos adeudados o liquidaciones finales.

Tras lanzar críticas contra Báez, empresario que fuera cercano a la familia Kirchner, la gobernadora remitió un pedido a Vialidad Nacional para que rescinda las obras adjudicadas al empresario, hoy paralizadas, y que las reactive con otras compañías.

En medio de las protestas, la mandataria provincial afirmó además que no entendía el acampe frente a la Casa de Gobierno, donde asumió en diciembre pasado, al considerar que los trabajadores "deberían ir a reclamarle a Báez".

En toda Santa Cruz solo había fluidez en el abastecimiento de combustible en la ciudad de Caleta Olivia, mientras que en la capital santacruceña queda para unas pocas horas más, según se estima.

También se comenzó a resentir la provisión de alimentos y frescos que son transportados en camiones desde otras provincias, ya que en Caleta Olivia el corte para el transporte y la actividad petrolera era total.

La ruta nacional 3 es el principal vínculo del norte de la provincia con el sur y al estar cortada los camiones que llevan alimentos, medicamentos y combustibles no pueden llegar a sus lugares de destino.

Cristian Salazar, secretario general de la UOCRA Zona Norte de Santa Cruz, llegó en la madrugada a Río Gallegos acompañado por otros dirigentes gremiales del sector para pedir una reunión con altos funcionarios del Gobierno de Alicia Kirchner, aunque no encontró respuesta.

Los representantes gremiales llegaron desde la ciudad de Caleta Olivia y alrededores pero, al no conseguir una entrevista con funcionarios, decidieron realizar un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial al menos hasta ser recibidos para plantear sus reclamos.

Los piquetes sobre las rutas clave de la provincia provocaron que unos setenta camiones cisternas que transportan combustibles y gas licuado quedaran varados en inmediaciones de dos estaciones de servicio de Caleta Olivia, unos 700 kilómetros al norte de la capital provincial.

La administración de Alicia Kirchner ordenó que las puertas de la Casa de Gobierno fueran cerradas y que se incremente la vigilancia policial para evitar que los manifestantes intenten ingresar por la fuerza, sin contar antes con una audiencia programada.

Por su parte, la cartera de Seguridad de la Nación, por requerimiento de Alicia Kirchner, dispuso el traslado de efectivos de la Gendarmería a las localidades de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Río Turbio, Calafate y Río Gallegos.

Ante el recrudecimiento de la situación de los 1.800 despedidos de la empresa Austral Construcciones, los manifestantes decidieron dejar sin efecto la flexibilidad que habían tenido en los piquetes en diferentes rutas provinciales y nacionales, para liberar de manera constante el paso de vehículos particulares.

Los principales y más firmes se mantienen en los accesos sur (Ruta 3) y oeste (Ruta 12) de Caleta Olivia, donde -salvo casos de emergencia- nadie puede circular por lapsos de cuatro horas, recordándose que la máxima restricción llegó a ser de ocho.