Aproximadamente 600.000 empleados públicos integran la planta transitoria en forma irregular. Esa cifra, según la Asociación de Trabajadores del Estado, es la que revela que el Estado es el mayor empleador en negro del país.

A contramano de las leyes laborales emanadas del propio poder público, sus dependencias albergan contratos que se renuevan ad eternum, extendiendo en el tiempo una suerte de "Estado de excepción" en materia de condiciones de trabajo.

"El Estado es el primer evasor del país", dice el abogado laboralista Julián de Diego.

Con un 35% del mercado laboral en negro, el empleo ilegal es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Gobierno de Macri. Se trata de 4 millones de personas a las cuales se les niegan los beneficios de aquellas que están registrados. Y, lo más llamativo, es que es el propio Estado el que incumple las leyes, de acuerdo con varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que las indemnizaciones serán millonarias, advierten los especialistas.

Según un artículo de La Nación, un trabajador con sólo tres años de antigüedad y un sueldo de $20.000 puede demandar al Estado por $ 180.000, a lo que hay que sumar costos que elevan la cifra final a $230.000. Por otra parte, en algunos casos, como los estatales tienen estabilidad en su cargo, el juez puede ordenar que la reinstalación y el pago de los sueldos no percibidos.

Los empleados públicos "precarizados" viven en un mundo paralelo. Aunque hagan las mismas tareas que aquellos en relación de dependencia, facturan como monotributistas al mismo organismo, tienen un salario inferior al resto, carecen de aportes a la seguridad social y no tienen aguinaldo y vacaciones, entre otras desventajas.

"La ley prevé que el límite máximo de contratación por parte del Estado debe ser fijado por el convenio colectivo de trabajo del sector público", dijo al matutino Marcelo Aquino, de Aquino Báez Abogados. "Y el convenio colectivo del sector, homologado por el decreto 214/2006, establece que tal porcentual será del 15%", explicó.

Sin embargo, la precarización es tan extendida que existe dentro del mismo Ministerio de Trabajo y en la propia AFIP, donde hasta los propios inspectores son, en algunos casos, monotributistas, lo cual afecta su poder de policía para realizar su tarea en un marco de estabilidad.

El abogado Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti-Darago-Lupi & Asoc, sostiene que existen tres maneras de contratar en el Estado que dan lugar a un abánico de categorías y condiciones desiguales.

En primer lugar, figuran "los empleados de planta permanente, que deberían ingresar por concurso y que tienen estabilidad, ya que sólo se los puede despedir con causa o porque desaparece su puesto". Luego, "los de planta transitoria que son empleados con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás. Pero no tienen indemnización por despido ni estabilidad en el cargo, ya que se supone que deben ser contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales", aseguró.

Y, en tercer lugar, están los contratados como monotributistas o autónomos. "Son por 6 a 12 meses, renovables y facturan cada mes. No tienen aportes de ninguna naturaleza, ni ART, aguinaldo, vacaciones, ni nada. A los transitorios y contratados el Estado (desde siempre, pero con mayor cantidad luego de 1990), los utiliza para no engrosar la planta permanente y poder despedir cuando quiera sin indemnizar", agregó Cerutti.

El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, informó recientemente que dio de baja a 6.196 contratos porque supuestamente se trataba de personas que cobraban un sueldo y no asistían a su trabajo, o porque se dedicaban a la militancia y no al servicio público, o por duplicación de tareas.

"Cuando tenés 10 personas para atender un teléfono, algo pasa", dijo Ibarra en un contacto con la prensa. Allí admitió que "hubo algunos amparos", cuando se le preguntó sobre los juicios al Estado que desde hace años llevan adelante los contratados o de planta transitoria cuando se da de baja el vínculo laboral.